Un líder calé denuncia la supuesta vulneración de derechos humanos en Pontevedra

La polémica por los realojamientos de tres familias gitanas en el barrio pontevedrés de Monte Porreiro se recrudece por momentos.

El viernes el Concello de Pontevedra cortaba el agua a los pisos que ocupan estas familias que anteriormente residían en el poblado chabolista de O Vao, en el vecino municipio de Poio. Paralelamente, los residentes del barrio se echaban a la calle para expresar su temor a que los nuevos vecinos traigan con ellos uno de los problemas endémicos de este espacio marginal: la droga. Ayer la Asociación del Pueblo Gitano respondió. Su portavoz, Sinaí Giménez, no dudó en anunciar que por primera vez en España, «vamos a constituir grupos de personas gitanas para proteger a estas familias. Será, entre comillas, una policía gitana».

El dirigente gitano explicó que la decisión viene obligada por la situación que se está viviendo en Pontevedra. En este punto, aclaró que el cometido de estas personas se limitará a garantizar la seguridad y proteger a las familias de todos los realojados.

De forma complementaria, el dirigente gitano acudirá a la vía judicial y administrativa para denunciar lo que considera son actitudes racistas y xenófobas, calificativos que utilizó para referirse al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y a algunos miembros de la asociación de vecinos de Monte Porreiro.

Así, aseguró que acudirá al Valedor do Pobo y a los distintos tribunales y organismos de Derechos Humanos: «El que un ayuntamiento corte el agua de un edificio e intente hacer lo mismo con la electricidad, así como que impida que instalen el suministro de gas a las viviendas, nos recuerda demasiado a la época franquista», subrayó Sinaí Giménez.

Algunas declaraciones que el portavoz gitano estimó que pueden ser constitutivas de amenazas serán, en principio, puestas en conocimiento de los juzgados pontevedreses. En este sentido, manifestó que previsiblemente se pedirá protección policial para las familias realojadas.

Si sus criticas se dirigieron hacia Fernández Lores, las loas apuntaron hacia la figura del subdelegado del Gobierno Delfín Fernández Álvarez, de quien dijo que «es un caballero para nada racista».

«Le cerró las puertas a Lores para impedirle acceder a los informes policiales de los gitanos. Nunca antes el Concello de Pontevedra había pedido informes policiales, ni siquiera cuando hubo detenidos por pornografía infantil», concluyó Sinaí Giménez.