BORJA BERGARECHE

MADRID. El debate sobre la integración de los inmigrantes figura desde hace años en lo más alto de la agenda política de la Unión Europea. Ahora, de la mano del programa de Gobierno del Partido Popular, llega a España con estruendo, tarde y mediatizado por la tormenta preelectoral. Una encuesta del prestigioso Pew Research Center, publicada el pasado 4 de octubre, concluía que el 77 por ciento de los españoles, el 75 por ciento de los británicos, el 68 por ciento de los franceses y el 66 por ciento de los alemanes se muestran favorables a «restringir y controlar más la inmigración».

La propia Comisión Europea reconocía en un informe publicado el pasado mes de septiembre que «la integración de nacionales de terceros países ha sido objeto de un debate centrado en episodios de discriminación y en la diversidad cultural y religiosa». Una demanda social que numerosos Gobiernos europeos, en su mayoría de corte conservador, han intentado satisfacer con propuestas similares a la planteada en España por el Partido Popular.

La urgencia política de estas medidas se ha visto acentuada por el impacto de acontecimientos como los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la crisis de las caricaturas danesas de 2005, factores clave a la hora de «influir en la percepción pública de la inmigración», según la Comisión.

Holanda, pionera

Holanda, paradigma de sociedad de acogida, fue el primer socio comunitario en introducir programas de integración de inmigrantes a mediados de los noventa. A comienzos de 2007, entró en vigor un nuevo «test de integración cívica de base», con pruebas lingüísticas y culturales que deben superar en el país de origen los solicitantes de ciudadanía. El examen cuesta 350 euros, y su puesta en práctica ha sido recibida con fuertes críticas de las organizaciones de refugiados, que denuncian que sólo un 35 por ciento de los demandantes lo aprueba.

En el caso de Dinamarca, el Gobierno conservador de Anders Fogh Rasmussen impuso a finales de 2005 la obligación de superar un examen de idioma y un test de cultura e historia danesa. Su adopción desató en el país nórdico un fuerte debate político sobre el significado de la «danesidad», similar a la controversia en curso en España sobre el alcance de las «costumbres» locales. Los resultados en Dinamarca indican que el 97 por ciento de los examinados aprueba el test, según confirmó a ABC un portavoz del Ministerio de Integración danés.

La propuesta de Mariano Rajoy de exigir la firma de un «contrato de integración» a los inmigrantes que soliciten la renovación de su permiso de residencia original se inspira, por su parte, en el «Integrationsvereinbarungen» austriaco y el «contrato de acogida e integración» galo. En el caso francés, se exige a los solicitantes acreditar un perfil lingüístico y seguir cursos de «formación cívica», un proceso que culmina con una ceremonia de juramento de lealtad a los valores de la república en el caso de las solicitudes de ciudadanía.

El espíritu que guía a este tipo de iniciativas lo resumió el entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, al presentar sus propuestas en materia de inmigración a la Asamblea francesa el 2 de mayo de 2006: tener una inmigración «elegida y no padecida».

El ascenso de la extrema derecha francesa en las presidenciales de 2002, la alarma generada por los atentados yihadistas en Madrid (2004) y Londres (2005) y el rechazo del proyecto de Constitución europea por franceses y holandeses en 2005 fueron generando un clima social enrarecido. Y una decena de países europeos optaron por adoptar propuestas que, con acentos y enfoques diversos, apuntan en la misma dirección: condicionar la obtención de la nacionalidad y de permisos de residencia de largo plazo a la aprobación de una prueba de integración, entendida como una obligación jurídica.

Nuevo test en EE.UU.

El propio Consejo Europeo aprobó en noviembre de 2004 unos principios comunes sobre inmigración, que destacan que «el conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones del país de acogida son indispensables para la integración». Países con una gran tradición de multiculturalismo como Estados Unidos y Canadá someten desde hace años a examen a los solicitantes de ciudadanía, un requisito asumido con una naturalidad y unos niveles de consenso político mucho más altos que en Europa.

EE.UU. introdujo el pasado 1 de octubre una nueva versión de su test de naturalización, que sustituye la enumeración de datos y fechas por el conocimiento de las instituciones y valores liberales. Y el Reino Unido hizo lo propio en noviembre de 2005, adoptando un nuevo test sobre «la vida en el Reino Unido».