Ambos municipios están regidos por gobiernos coaligados BNG – PSOE

El futuro de las seis familias de gitanos desalojadas de sus chabolas en el poblado de O Vao (Poio) el pasado 24 de noviembre ha originado en los últimos días un tenso enfrentamiento entre dos municipios vecinos regidos por alcaldes nacionalistas con el apoyo del PSOE: Pontevedra y Poio.

Esta misma semana trascendió que el Concello de Poio adquirió el pasado mes de diciembre un edificio localizado en la urbanización pontevedresa de Monte Porreiro, donde se han realojado ya tres familias. Esta iniciativa ha provocado un enorme rechazo en el barrio – en el que vive desde hace veinte años una nutrida comunidad de etnia gitana – , ante los «antecedentes» de las familias procedentes de O Vao, sospechosas de trapichear con drogas.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, aseguró el jueves que hasta el día anterior no tuvo conocimiento del realojo en su municipio, pese a que el regidor de Poio, Luciano Sobral, también es del BNG y a que la compra del inmueble se financió con fondos aportados por la Consellería de Vivenda, cuya titular, Teresa Táboas, también es del BNG.

Ayer, el Concello de Pontevedra remitió un requerimiento dirigido al Ayuntamiento de Poio para que cese en su actividad de realojo, basándose en el principio de «falta de competencia territorial». Los servicios judiciales del concello capitalino argumentan que esta actuación está excediendo las competencias de Poio, porque un ayuntamiento no puede comprar viviendas en otro municipio sin el consentimiento de este último.

Límite de competencias

Según los informes de los servicios jurídicos de Pontevedra, el artículo 12 de la Ley 7/85, reguladora de las bases del régimen local, señala el territorio municipal como el límite para el ejercicio de las competencias locales. «De este modo, a actuación emprendida polo Concello de Poio, de ser certa, podría estimarse como nula de pleno dereito por incompetencia territorial», destaca el escrito.

Esta no ha sido la única decisión del Concello de Pontevedra con respecto al realojo. El concejal de Protección Cidadá de Pontevedra, el nacionalista Guillerme Vázquez, anunció que se ha instado la paralización de unas obras que se estaban acometiendo en el edificio – vacío desde hace veinte años – por carecer de licencia municipal. Y también relató que se ha ordenado cortar el suministro de agua corriente al inmueble «porque non consta neste Concello solicitude algunha da acometida de auga». Vázquez reconoció que la iniciativa tomada por Poio no ha gustado al gobierno pontevedrés porque no se tuvo en cuenta su opinión.

«Deslealdade»

El grupo socialista – que comparte con el BNG responsabilidad de gobierno – lamentó «a deslealdade do alcalde de Poio por non informar do realoxo en Monte Porreiro». Desde el PSOE, además, se denunció que el edificio en cuestión carece de cédula de habitabilidad – actual licencia de primera ocupación – , aunque tal extremo fue desmentido por el alcalde de Poio.