Los populares proponen sustituir el sistema de cupos para conceder permisos de entrada a trabajadores extranjeros mediante la aplicación de un baremo que puntuará diferentes características. El director del programa electoral, Juan Costa, explicó que se trata de “dar más oportunidades a determinados inmigrantes”.

“En España no hay un problema con la inmigración ni con el velo, y crearlo es irresponsable”. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reprochó ayer al PP que haya destapado la caja de los truenos con sus propuestas electorales sobre inmigración. Iniciativas como el “contrato de integración”, la regulación del uso del pañuelo islámico o la creación de un visado por puntos incitan, según el Ejecutivo socialista, al racismo y la xenofobia e “invitan a la crispación”. “Hay que irse muy a la derecha para encontrar partidos que defiendan estas tesis”, argumentó.

La cascada de promesas lanzada en los dos últimos días por el PP ha cogido por sorpresa a los socialistas. Entraba en sus cálculos que, en algún momento, los populares introdujeran un debate presente en otros países europeos con más larga experiencia como receptores de inmigración. Pero no de forma tan inmediata. Sostienen que en España aún está fresco el recuerdo de aquellos años en los que muchos ciudadanos iban a trabajar fuera y que la llegada de extranjeros no ha causado conflictos similares a los que se viven en Francia, Alemania, Holanda o Reino Unido.

De la Vega admitió, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que quizá sea necesario tomar medidas para prevenir los problemas con que se han topado otros países europeos. Sin embargo, defendió que los métodos propuestos por el partido de Mariano Rajoy no son la solución. “La obligación de todo Gobierno responsable es fomentar la convivencia y el cumplimiento de la ley evitando la confrontación”, alegó. A su juicio, las medidas sugeridas por los populares “rezuman rechazo y desprecio a la inmigración”.

COLPISA, Madrid

El PP ha abandonado el terreno de la economía para centrar el debate político de su precampaña electoral en la inmigración con el anuncio de medidas novedosas copiadas de otros países europeos, como la implantación del “visado por puntos” destinado a seleccionar la entrada de trabajadores extranjeros en función de su procedencia, capacidad de integración o cualificación profesional. Esta iniciativa figura en el programa electoral que aprobará mañana el comité ejecutivo del PP, aunque su contenido íntegro no se conocerá hasta la próxima semana.

Con el “visado por puntos”, el PP se propone sustituir el actual sistema de cupos para conceder permisos de entrada a trabajadores extranjeros mediante la aplicación de un baremo que puntuará diferentes características. El director del programa electoral, Juan Costa, que presentó las líneas generales del documento este viernes en rueda de prensa, explicó que se trata de “dar más oportunidades a determinados inmigrantes”. “No podemos abrir las fronteras de manera indiscriminada”, alegó.

Señaló que para la concesión de los visados se dará prioridad a los inmigrantes que procedan de países que tengan “vínculos históricos” con España y se valorará su “capacidad de integración” y otras “preferencias” o “conocimientos” que permitan cubrir déficits de mano de obra que tiene la economía española. Incluso comentó la posibilidad de que existan “visados especiales para profesionales con capacitación profesional elevada”.

Rajoy apuesta así por imprimir un giro a la política de inmigración en España distanciándose de la gestión del Gobierno socialista y acercándose a los derroteros que siguen otros países europeos que, como Francia y Alemania, aplican medidas restrictivas para la entrada de trabajadores procedentes de países no comunitarios, así como para su reagrupación familiar.

El uso del velo islámico

El PP se propone modificar de nuevo el Código Penal para permitir la expulsión “inmediata” de los extranjeros que cometan pequeños delitos en España, y la Ley de Igualdad para restringir el uso del velo islámico en las escuelas. “No se debe aceptar en las aulas el uso de símbolos que puedan ser una manifestación de discriminación o de sumisión de la mujer y, por lo tanto, se debe evitar el velo”.

No obstante, la norma contemplará excepciones a esta regla general y permitirá que los centros escolares puedan permitir el uso de esta prenda en la indumentaria de las alumnas “en algunas zonas y en determinadas circunstancias”.

Costa puso como ejemplo de estas excepciones Ceuta y Melilla – ciudad que visitará Rajoy el lunes – donde, a su juicio, el velo no es símbolo de sumisión ni discriminación de la mujer, sino que está aceptado socialmente como una costumbre. En este sentido, Costa hizo una distinción entre el velo como símbolo religioso – el que usan las monjas católicas – y el que utilizan las mujeres musulmanas.

En todo caso, la ley establecerá que ninguna administración pública podrá obligar a un centro escolar a readmitir alumnas con el velo islámico, como ocurrió en Cataluña, donde la Generalitat se impuso para impedir que una niña se quedara sin escolarizar.

Contra la ablación

Rajoy se reunió ayer con la senegalesa Kadhy Koita, presidenta de la Red
Europea de Lucha contra la Mutilación Sexual. El líder del PP defendió el
controvertido contrato que obliga a los inmigrantes a aceptar las costumbres
españolas como “una actuación preventiva en la lucha contra la mutilación
genital, la poligamia y otras costumbres que atentan contra la libertad y la
igualdad de la mujer, como los matrimonios concertados, la prohibición de abrir
una cuenta corriente, poner su apellido a los hijos o que las niñas puedan
practicar gimnasia con normalidad en los colegios”. De sus palabras pueden
deducirse algunas de las exigencias que se incluirán en el contrato que propone
para inmigrantes, dentro de los compromisos a asumir por los extranjeros
residentes en España que estarán obligados a “respetar las costumbres de los
españoles”. Manuel Pizarro, fue interrogado sobre el mismo asunto y dijo que
entre “las costumbres españolas” está “no robar” y que “no se puede mutilar una
mano al que roba”. El Gobierno acusa a los populares de incitar al racismo y la
xenofobia