UN “CONTRATO DE INTEGRACIÓN” firmado entre un emigrante y un representante del Estado es, sin duda, el reconocimiento formal más importante que puede tener aquel como ciudadano. Con él pasa de ser un número a un individuo, y el Estado pasa de ser un ente terrible – el Leviatán – a una serie de códigos jurídicos. Por parte del inmigrante es el voluntario sometimiento al Estado en el que quiere integrarse y por parte del Estado es la oferta de todos los recursos con los que puede garantizarle la seguridad.

El PP ha presentado esta propuesta como lo que es, es decir, como una forma de racionalizar la globalización en este punto de la emigración. La respuesta del PSOE ha sido la peor de todas para las dos partes. Al interpretarla como una resta de derechos del emigrante, no le reconoce a éste en su condición de nuevo ciudadano. Es una forma demagógica de no conceder la igualdad ante la ley. En un gesto histriónico Zapatero ha llegado a pedir perdón como jefe de gobierno a los emigrantes y ha acusado de xenofobia la propuesta. La experiencia, sin embargo, va por otro lado. La aplicación del contrato de inmigración impuesto por Sarkozy como ministro del Interior tuvo una acogida formidable por aparte de los emigrantes y quitó de la imaginación de la sociedad francesa el miedo a la incorporación “salvaje” de una población creciente. El contrato de inmigración era la actualización constante del Estado de Derecho.

En España, como en Francia, el problema principal viene de la acomodación de los islamistas a las leyes españolas. Curiosamente es la izquierda la que se opone en la práctica a la igualdad de derechos de la mujer islámica. En este punto la ley española se impone a las costumbres y tradiciones en los casos de contradicción. La norma es bien clara: el emigrante se incorpora a un Estado de Derecho con todas su consecuencias y su ejercicio de libertad está en esa opción.

Por mi parte he advertido una clara retórica en algunas de las promesas que se hacen en ese contrato de integración que propone el PP. Creo que prometer la enseñanza del castellano a hijos de emigrantes en Cataluña es tanto como hacer un brindis al sol. Si el Estado es incapaz de garantizar una educación en castellano a los niños que tienen este idioma como materno y, por tanto, están asistidos en su ejercicio por tratarse de un derecho fundamental ¿cómo esperar que ese milagro suceda en el caso de los hijos de inmigrantes?