Las propuestas formuladas por el PP en torno a la regulación de la inmigración y, en concreto, su iniciativa para que los extranjeros asuman las condiciones de un contrato de integración, han hecho aflorar en la precampaña un debate que no por resultar ineludible corre el riesgo de escorarse hacia una demagogia especialmente dañina en este caso. La transformación de España en un país de acogida de personas de fuera de nuestras fronteras en busca de un mejor porvenir está provocando cambios sociales cuyos beneficios para el conjunto de la sociedad están contrastados, al haberse convertido tanto en un agente de diversidad cultural como en un motor imprescindible para nuestro desarrollo económico. Pero resultaría un ejercicio de irresponsabilidad que las instituciones y los partidos representados en las mismas evitaran realizar un análisis anticipatorio y preventivo de las dificultades que puede suscitar la inserción social de los nuevos españoles, que han hecho de España el Estado de la UE con mayor presión migratoria.

El planteamiento del PP encuentra acomodo en otras legislaciones próximas como la de Francia donde se exige examen sobre la lengua propia y los valores de la República, o las de Holanda, Dinamarca y Alemania, en las que se establece desde un compromiso de inserción lingüística para recibir ayudas públicas hasta un permiso de residencia condicionado a una prueba sobre el idioma y la historia del país de acogida. Pero la iniciativa de los populares se ha presentado con una excesiva vaguedad para una pretensión tan delicada, que no sólo propicia justificaciones frívolas y reprobables por parte de alguno de sus dirigentes, respondidas con acusaciones, igualmente interesadas, de xenofobia por parte del Gobierno. Sugiere, sobre todo, serias dudas de legalidad sobre el encaje normativo que adoptaría una disposición que vincula al ciudadano extranjero no con uno nacional, sino con el conjunto del entramado constitucional. Al tiempo que resulta muy cuestionable que pueda evaluarse jurídicamente la asunción por parte de los inmigrantes de lo que el partido de Rajoy denomina «las costumbres de los españoles», un terreno resbaladizo en el que ni siquiera el consenso partidario bastaría para conferir al contrato una legitimidad indubitable.