Los vecinos de Armentia resoplan y ponen gesto circunspecto cuando se les pregunta por el centro para menores inmigrantes que la Diputación prevé abrir en su pueblo antes del verano. «Si ya lo han decidido, qué le vamos a hacer», resume Mari Paz Fernández, que lleva 45 años viviendo en esta población cercana a Vitoria. «Aunque no sabemos cuáles serán las consecuencias, sí que da algo de miedo, porque además aquí casi todos somos gente mayor». Pero, por otra parte, reconoce que «esos chavales son personas, tienen derechos».

En este dilema andan casi todos los residentes consultados ayer por EL CORREO sobre el centro en el que estarán estos menores que se encuentran solos en Álava tras llegar en pateras al sur de España. «En algún sitio habrá que meterlos», dice Justina Angulo. Aunque teme que al pueblo llegue cierta «intranquilidad», también insta a la Diputación a que «los controlen para que se porten bien». En resumen, «que los domen, porque entre polígonos y chalés ya nos han quitado nuestra forma de vida».

Lo que les resulta más difícil de entender es que el equipamiento recale en Armentia tras ser rechazado por movilizaciones ciudadanas en Nanclares de la Oca y en Ribera Baja. «No me parece normal que lo que otros no quieren lo traigan aquí», protesta Carlos Díez. «Ya sé que no tiene por qué ser gente mala, pero sí tienen más papeletas para ser conflictivos». Su hermana Ana Rosa, que vive en la casa de al lado, reconoce lo de siempre: «En algún sitio hay que ponerlo, pero a nadie nos gusta al lado de casa». Protesta porque «ya tenemos que soportar el botellón aquí al lado, carreras de coches, y ahora esto». Su marido escucha y replica, «jo, a mí no me parece», y reclaman que se consulte a los afectados.

«¿Qué va ser de ellos?»

Frente a todo ello, el presidente de la junta administrativa, Félix Foronda, dice ser «receptivo, a no ser que los vecinos me pidan lo contrario». Pero, de momento, confía en que «los chavales tengan valores y principios y se adapten. Lo que no se puede hacer es lo de Nanclares y Ribera, pasarle la pelota a otros». Al fin y al cabo, «esos chicos están solos y fuera de su país. Si encima les hacemos el vacío, ¿qué va a ser de ellos?»

El debate sobre la ubicación de la futura residencia de menores vuelve a estar, pues, en la calle. Por el momento, los educadores que atienden a estos chavales en la Cruz Roja prefieren mantenerse al margen, aunque discrepan en la forma en que la Diputación lo ha hecho público. «El hecho de haber lanzado el nombre del lugar donde se hará el centro a través de un medio de comunicación es una forma de desviar la atención. De intentar que el debate vuelva a ser el sitio y no las condiciones del actual edificio».