La atención a los menores inmigrantes está en el centro de la polémica tras las duras críticas del comité de empresa a la política del Departamento de Acción Social y, en particular, a la situación de «hacinamiento» en los centros de Artxanda y Arcentales. El diputado Juan María Aburto comparecerá a petición propia en las Juntas Generales para explicar los planes con los que pretende afrontar un fenómeno creciente. «El problema no es que haya 330 menores extranjeros en Vizcaya, es que cada año llegan más de 400», afirmó ayer.

El ritmo aumentó en 2007 y ahora hay 60 chavales más que hace un año en los centros forales. Los de El Vivero, en Artxanda, y Arcentales sólo ofrecen alojamiento y manutención, sin programas educativos. «Nunca lo hemos ocultado», dice Aburto, que desmiente que los chicos estén hacinados. El de El Vivero «se abrió con 50 plazas y hemos habilitado más recursos para atender a 65 personas», las que hay ahora. El de Arcentales tiene 25 plazas y atiende a 27.

Los números, en cualquier caso, cambian semana a semana, lo que hace más difícil dar respuesta a las necesidades. Algunos chavales vienen y se van, o llegan a punto de cumplir los 18. Los movimientos fluctúan. «En octubre y noviembre llegaron 116 y los atendimos sin ningún problema, sin decir una palabra más alta que otra», añadió el diputado, visiblemente molesto por las críticas del comité de empresa. «¿Dónde estaban los sindicatos cuando en Erandio nos fue imposible abrir un centro?», se pregunta. Las instalaciones de gran capacidad suelen ubicarse en inmuebles de titularidad foral debido al rechazo vecinal.

«Opiniones preocupantes»

Aburto recordó que la mayoría de los centros forales ofrecen programas de integración y los chicos están escolarizados, pero insistió en que «es imposible ofrecer esta atención de manera ilimitada. No lo soportaríamos nosotros, ni lo soportaría el sistema educativo ni la sociedad vizcaína», zanjó. En este sentido, recordó las «opiniones preocupantes» que se vierten en algunos foros donde se critica abiertamente la asistencia que se presta a los inmigrantes.

En cuanto al modelo de gestión de las residencias, también cuestionado por los sindicatos, el responsable foral destacó que «no hay ninguna empresa» al frente de estos servicios, sino que están a cargo de entidades del mundo asociativo cuando no dependen del IFAS. En su opinión, los sindicatos «pretenden mezclar un conflicto laboral el despido de nueve educadores ha llegado a los tribunales con uno asistencial».