Debemos congratularnos de que el PP proponga por boca del candidato Rajoy un contrato de inmigrante. Se trata, seguramente, de un gran avance social que pasará a la historia – ¿a la altura del contrato ídem de Rousseau?-, puesto que, como todo el mundo sabe – incluso Marx, Groucho-, todo contrato obliga a dos o más partes, no solamente a una.

Puesto que se supone que cuando se firma libremente un contrato es porque beneficia a todos los contratantes, considero que el candidato debería hacer extensible la feliz iniciativa a todos los residentes, españoles o no. Con un contrato de buen español quedaríamos por fin vinculados legalmente (esta vez sí, sin excusas) a respetar la ley, no perturbar el orden moral ni las costumbres, así como conocer todas las lenguas (castellana, catalana, gallega o bable) del territorio donde residamos. A cambio, entiendo que el Estado (presidido por el hoy aspirante popular) se comprometerá por escrito a una serie de contrapartidas, entre las que imagino una vivienda digna y un trabajo justamente remunerado, tanto para indígenas como para forasteros, entre otras.