Es bueno que las fuerzas políticas hagan propuestas sobre los problemas reales, y el de la inmigración y la integración de los recién llegados a nuestro país es uno de esos asuntos que preocupan de verdad a la sociedad. Pero dicho esto, resulta lamentable que el PP se haya deslizado por el fácil camino de la demagogia para lanzar la peregrina idea de crear un “contrato de integración con valor jurídico” por el cual los inmigrantes se comprometan a respetar la ley, pagar los impuestos, aprender la lengua y aceptar las costumbres. Es evidente que todos, nacidos aquí o llegados de fuera, tenemos la obligación de cumplir las leyes, y entre ellas están las fiscales. Y quien no lo haga deberá pagar las consecuencias. Pero para eso no hace falta firmar ningún contrato especial, por lo que la propuesta de Mariano Rajoy resulta superflua.
Es absurdo, por otra parte, pretender que la lengua se aprenda bajo la presión de un documento firmado. Y extender ese compromiso al terreno de las costumbres es un planteamiento impresentable y seguramente inconstitucional. Como han subrayado algunos colectivos de extranjeros residentes en España, ¿a qué costumbres se refiere Rajoy: a las religiosas, a las culturales, a las folklóricas? La idea – – que en las últimas elecciones catalanas ya manejó Artur Mas, líder de CiU – – va en contra del pluralismo social, cultural y lingüístico de las sociedades democráticas avanzadas y desprende un tufillo xenófobo. Más aún cuando es argumentada por el tosco secretario económico del PP, Miguel Arias Cañete, quien ha calificado a la inmigración de poco preparada y ha llegado al insulto de decir que ya no hay camareros como los de antes porque los actuales, extranjeros, no saben memorizar una comanda. Si el PP cree que por ese camino gana votos al excitar las bajas pasiones de quienes viven asustados por la gran ola migratoria reciente, se equivoca de plano porque una mayoría social entiende que los extranjeros han traído prosperidad al ocupar puestos de trabajo de todo tipo.
El discurso de Rajoy sobre inmigración, que toma algunas de las propuestas duras del presidente francés, Nicolas Sarkozy, es especialmente peligroso al pronunciarse en un momento en el que muchos analistas pronostican que el paro va a golpear en primer lugar a colectivos de inmigrantes del sector de la construcción. La seguridad jurídica de los trabajadores no puede depender del color del Gobierno de turno.