El nuevo debate es el «contrato de integración» de inmigrantes que propone el Partido Popular. ¿Tiene un fondo de xenofobia? ¿Es una necesidad acuciante? ¿Se equivoca Mariano Rajoy al plantearlo? De momento, digamos que no ha dejado indiferente a nadie. Y menos, al Gobierno, cuyo presidente tuvo que darle respuesta, y cuyo ministro del Interior descalificó el plan de forma global. A Rajoy hay que reconocerle un mérito: saca a discusión pública uno de los problemas que más preocupan a la sociedad española, según los barómetros del CIS.

Con ese proyecto, el señor Sarkozy pone en España su primera piedra de influencia: el contrato propuesto es una copia del modelo francés con ligeras modificaciones. Y la novedad es el contrato en sí: la obligación de firmar un compromiso. Todo lo demás es perfectamente prescindible, porque de una forma u otra está en nuestros códigos o en el Reglamento de Extranjería. La obligación de cumplir las leyes o pagar impuestos es de una obviedad que frivoliza todo el proyecto. Aprender el idioma es algo que, mejor o peor, hacen todos los inmigrantes, y con bastante soltura. Otra cosa es que queramos hacer de ellos aspirantes a la Academia. Trabajar para integrarse es una proclamación teórica, que recuerda la Constitución de 1808, que hacía a todos los españoles «buenos y generosos». El control de fronteras es un deber de cualquier Gobierno. Las expulsiones también están previstas en la ley. Y las costumbres españolas se prestan, por ahora, al chascarrillo.

Si todo está previsto, ¿qué pretende el Partido Popular? Está claro: el mero hecho de proponer el contrato supone una voluntad de control; terminar con el caos, que dice Astarloa. Esa simple idea atraerá a multitud de españoles que se quejan, sobre todo, del coladero de delincuentes. Pero en esa virtud electoral está precisamente el problema: el de los límites entre la integración y la xenofobia. Rajoy no es xenófobo. Ana Pastor, cuya inspiración creo adivinar en el proyecto, tampoco. Sin embargo, es lícito temer que despierte tensiones racistas. Hoy, los inmigrantes instalados aquí se empezarán a sentir más inseguros. Algunos analistas no juzgan el contrato, sino la intención, y piensan que esta batalla ha sido ganada por el sector más duro de la derecha. Y la mayoría de asociaciones se han instalado tras el cartel de xenofobia, para contento del Gobierno.

Conclusiones: está bien abrir el debate; las propuestas no aportan novedad; el contrato anuncia un mayor control; la respuesta de la izquierda y las ONG va a ser demagógica; la división social, previsible. Sumado lo positivo y los riesgos, empiezo a tener dudas de si estas cuestiones se pueden debatir en el calor de una refriega electoral.