El contrato de integración para inmigrantes propuesto por el PP contiene obligaciones innecesarias porque ya están recogidas por la Constitución y las leyes. Expertos juristas consultados por EL PAÍS coinciden en subrayar que la medida propuesta el pasado miércoles por Mariano Rajoy recoge deberes ya regulados por nuestro ordenamiento. Algunos de estos constitucionalistas y expertos en derecho destacan la dificultad de elaborar el elenco de costumbres que los extranjeros deben respetar.

EDUARDO VÍRGALA

La ley ya obliga a todos

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Eduardo Vírgala considera que la propuesta del PP es “superflua”. “Si se trata de que los extranjeros cumplan la ley, ya están obligados a hacerlo, porque la Constitución y las leyes obligan tanto a españoles como a extranjeros. En cuanto a las costumbres que los inmigrantes tendrían que respetar, sería muy difícil hacer un catálogo cerrado porque no están recogidas en ningún texto legal. En caso de que lo que se pretenda sea evitar la comisión de actos ilícitos, todos ellos están recogidos en el ordenamiento jurídico, que obliga a todos”.

Sobre la propuesta de prohibir el hiyab o velo islámico en las escuelas, este catedrático cree que sería posible hacerlo en la enseñanza pública, pero avisa: “Tendría que prohibirse por ley, y la prohibición tendría que extenderse a cualquier otro símbolo religioso como los crucifijos cristianos o la kipá judía para evitar discriminaciones”.

GERARDO RUIZ – RICO

Deberes obvios

“La propuesta del PP es muy imprecisa para extraer conclusiones sobre su constitucionalidad. Pero algunas de las obligaciones que contempla, como respetar las leyes o pagar impuestos resultan obvias”, explica Gerardo Ruiz – Rico, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén.

“El problema se plantearía con aquellas otras obligaciones que pueden afectar a la dignidad, uno de los valores fundamentales de nuestro sistema político. Ciertas exigencias de ese posible contrato de integración, así como el valor jurídico que se le quiere dar, pueden chocar con la dignidad de la persona y por tanto ser inconstitucionales. Habrá que ver la forma y el alcance de esas obligaciones para determinar su validez constitucional”, continúa.

Respecto al uso del velo en las escuelas, Ruiz – Rico considera que la decisión sobre su prohibición “requiere un debate social y jurídico más profundo antes, de que se ponga en práctica. Una posible prohibición podría vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la propia imagen o la intimidad personal”.

ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ

No aporta nada

“Por un lado, la propuesta de contrato de integración del PP es, en gran medida, la suma de un conjunto de previsiones que ya figuran en nuestro ordenamiento y por otro, de una serie de inconcreciones sobre las que resulta difícil pronunciarse”, explica Alejandro Saiz Arnaiz, catedrático de Constitucional de la Pompeu Fabra. “Nada añade a la situación la prohibición de la albación del clítoris (que es delito desde 2003) o el respeto a la igualdad de sexos, al que obliga el artículo 14 de la Constitución y se despliega a lo largo de toda la legislación vigente. En realidad, lo que parece latir tras la propuesta es una nueva reforma de la normativa de extranjería respecto de la que El Constitucional acaba de fijar los límites de la actuación de todo futuro legislador”, añade Saiz Arnáiz.

JOSÉ LUIS REQUERO

Integración contra racismo

El vocal del Poder Judicial a propuesta del PP y experto en Derecho Administrativo José Luis Requero está de acuerdo con algunos de los objetivos del contrato. “Las elecciones no es el mejor momento para el debate, pero estoy de acuerdo con que se exija la integración al inmigrante. Si no, se crean guetos, marginalidad y delincuencia que pueden derivar en brotes xenófobos. El compromiso de buena conducta está de más porque va de suyo que los inmigrantes deben comportarse como cualquier ciudadano, pero la inmigración debe ser ordenada”.