COMO ERA de esperar, la propuesta de Mariano Rajoy de obligar a los inmigrantes que lleguen a España a firmar un “contrato de integración” ha provocado una cadena de reacciones de rechazo en los partidos de izquierda y algunas ONG que ayudan a estas personas. Resumidamente, lo que estipula dicho contrato, que tendría valor legal, es que los extranjeros (se entiende que no afecta a los comunitarios, amparados por otras disposiciones) se comprometen a cumplir las leyes, respetar las costumbres del país, aprender la lengua, pagar sus impuestos, trabajar de forma activa para integrarse en la sociedad española y regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo. A cambio, el inmigrante tendría los mismos derechos y prestaciones que un nacional y el Gobierno le ayudaría a integrarse y respetaría sus costumbres, “siempre que no sean contrarias a las leyes españolas”. Una pretensión de lo más razonable. De hecho, muchas de esas condiciones ya se les exigen a los inmigrantes en otros lugares de Europa y nadie había protestado hasta ahora. Claro que se trata de países con mucha más experiencia que España en la recepción de inmigración y ya han tenido ocasión de comprobar los problemas que surgen si a los llegados de culturas muy distintas a la autóctona no se les exige un esfuerzo por adaptarse al lugar donde, al fin y al cabo, nadie les ha obligado a ir y que, además, les va a dar de comer. El caso más evidente de fracaso es el Reino Unido, donde el modelo de asimilación, que no integración, optó por dejar que los inmigrantes se gobernaran a sí mismos mientras no molestaran a los británicos: el resultado es que se formaron guetos culturales donde el Estado británico no sabía – ni le interesaba – lo que ocurría. En esos lugares, convertidos en pequeños países tercermundistas dentro de un Estado democrático, no se respetaban los derechos humanos y se daban prácticas como la poligamia. A eso conduce el dejar que cada cual se gobierne como mejor le parece.

Las interpretaciones negativas de la iniciativa de Rajoy eran de esperar – al fin y al cabo es una propuesta electoral – , pero son especialmente interesadas y faltas de objetividad y rigor cuando vienen de sectores que silencian todo dato negativo que se relacione con la inmigración. El desprecio a la mujer que practican tantos musulmanes, la ausencia de civismo y de higiene de quienes nunca han vivido en pisos, con una comunidad de vecinos, son para estos sectores prácticas sobre las que hay que hacer la vista gorda y aguantarse, no nos vayan a tomar por xenófobos.