Al estilo de Sarkozy, propone un contrato en el que queden bien claros los derechos y deberes de los «nuevos españoles».
Marcos Pardeiro
BARCELONA- Mariano Rajoy está convencido de que el fenómeno de la inmigración es una oportunidad y una necesidad en muchos sentidos para España, pero también una realidad que hay que abordar de forma muy distinta a la del PSOE. Muy crítico en esta Legislatura con la regularización de 700.000 inmigrantes llevada a cabo por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el líder del PP se propone un verdadero viraje en estas políticas. De entrada, Rajoy propuso ayer en Barcelona la creación de un «contrato de integración» que servirá para sellar el compromiso de los extranjeros de «cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres» de España.
Valor jurídico
La iniciativa no es nueva, puesto que ya se ha planteado en países como Francia. Su incumplimiento allí supone la pérdida de ayudas sociales e incluso la expulsión. En la misma línea, Rajoy quiere que todos aquellos inmigrantes que deseen un permiso de residencia en España superior a un año también adquieran la obligación formal el contrato tendrá «valor jurídico», según explicó de pagar sus impuestos y de regresar a su nación de origen en caso de que no encuentren empleo.
Por su parte, el Gobierno de España se comprometería a conceder al extranjero los mismos derechos y prestaciones que a un ciudadano de aquí, a ayudarle en su integración, a respetar sus creencias y costumbres «siempre que éstas no sean contrarias a las leyes españolas», a enseñarle la lengua, a ayudarle y formarle para encontrar empleo y a colaborar en su retorno si carece de empleo y de medios.
La otra medida estrella que anunció el presidente del PP, en la clausura de las jornadas «Inmigración, Integración y Convivencia» celebradas en la capital catalana, fue el restablecimiento de la expulsión de delincuentes extranjeros, que ya impulsó el último gobierno de Aznar. Según la propuesta de Rajoy, la deportación se llevará a cabo incluso si los delincuentes cuentan con permiso de residencia y sólo con la salvedad de que la falta sea tan grave que merezca cumplir su pena en España.
Pero si en un apartado piensa actuar con firmeza Rajoy es en la lucha contra la inmigración ilegal. En este punto, subrayó que es necesario un control «eficaz» de las fronteras de España y una mayor dotación de efectivos en este ámbito. «Se habla mucho de pateras y poco de las fronteras de los Pirineos y de lo que pasa en los aeropuertos», dijo.
Cerrar puertas
La convicción del político gallego es que un fenómeno como la inmigración y, en particular, el de los flujos ilegales, hay que abordarlo a nivel europeo. «Cerraremos puertas a todos aquellos que no respetan la ley», advirtió, en lo que pareció ser el embrión de un acuerdo con sus socios en el viejo continente, Nicolas Sarkozy y Ángela Merkel.
Según opinó, la política de la Unión Europea debería ir en la línea de acordar los requisitos para otorgar visados, así como de establecer con claridad los derechos y deberes de los inmigrantes. Rajoy quiso recordar que España es el país europeo que más inmigrantes recibe y el segundo del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos. Ante esta realidad, incidió en lo imprescindible que es regular la reagrupación familiar para impedir la llegada de otros inmigrantes que no sean familia directa de quien ya está integrado. «Hay que evitar aquí una puerta falsa de entrada al margen de los cauces normales», afirmó.
En cuanto a la necesidad de mano de obra extranjera que hay en España, Rajoy propuso la creación de una Agencia de Inmigración y Empleo que trabajará para atender las demandas reales de las empresas españolas. Esta agencia tendrá a su cargo la supervisión de la selección, formación y contratación de trabajadores extranjeros. Las empresas, además, podrán disponer de los servicios de agencias privadas de empleo que faciliten la contratación desde el origen.
La intervención del candidato a la Presidencia del Gobierno estuvo precedida por la del presidente del PP en Cataluña, Daniel Sirera, quien pidió que se tenga en cuenta el coste que supone para la comunidad catalana la elevadísima recepción de inmigrantes de cara a la negociación del próximo sistema de financiación autonómica. Sirera, además, criticó al conseller de Interior, Joan Saura, de «dar instrucciones a los Mossos d?Esquadra para que no realicen identificaciones rutinarias de control de la inmigración irregular».
Los adversarios se oponen
Las propuestas del PP no fueron bien recibidas por sus adversarios. Tan siquiera por CiU, aunque esta formación planteó en las pasadas elecciones autonómicas una especie de carné por puntos para beneficiar a los inmigrantes que se integraran a la sociedad catalana y a sus «valores, costumbres, leyes y cultura». Por parte del PSOE, el secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo, acusó al PP de «necesitar que los inmigrantes firmen un papel en el que digan que van a ser buenos y cumplir con la ley porque para la derecha los inmigrantes son gente poco de fiar». CiU desdeñó la propuesta de Rajoy y ERC criticó el contrato de integración por no reconocer a otras culturas distintas a la española.