La inmigración irrumpió ayer en el debate preelectoral con una propuesta sin precedentes en España que, posiblemente, dará mucho que hablar en la campaña que arrancará a las cero horas del próximo día 22. La presentó el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien prometió poner en marcha, si gana las elecciones, «un contrato de integración» con valor jurídico para los inmigrantes que quieran obtener un permiso de residencia legal en España superior a un año. El documento, precisó el candidato opositor, obligara al inmigrante a integrarse «activamente» mediante el cumplimiento de las leyes, el respeto de las costumbres españolas y el aprendizaje de la lengua española. El incumplimiento de estos «principios claros» acarrearía la expulsión del territorio nacional.

La propuesta de Rajoy se mueve en parámetros parecidos a los que estableció Nicolas Sarkozy en la campaña electoral francesa, y que, tras el triunfo del actual presidente, se materializarían en la creación del Ministerio de Inmigración y de la Identidad Nacional. Algunos de sus puntos, como la obligación de aprender la lengua española, están, de hecho, directamente inspirados en las obligaciones impuestas por el líder de la derecho gala a los inmigrantes que residen en ese país. En los últimos meses, la inmigración ha sido también foco de decisiones polémicas del primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown.

Planteado en términos ‘mercantiles’, el contrato que propone el PP obligaría a las dos partes. El Estado garantizaría al extranjero los mismos derechos y obligaciones que a los ciudadanos españoles y se comprometería a «respetar sus costumbres siempre que no contravengan la Constitución». Por su parte, el inmigrante tendrá que comprometerse a «cumplir las leyes, respetar las costumbres de los españoles, aprender la lengua, respetar las costumbres, pagar sus impuestos» y a «regresar a su país si no encuentran empleo».

Rajoy se reservó este anuncio para la clausura de las jornadas sobre ‘Inmigración, Integración y Convivencia’ organizadas por su partido en Barcelona. El presidente del PP, que presentó las iniciativas para una inmigración ordenada como uno de los pilares de su programa electoral junto con la política económica, adelantó también su proyecto de Agencia Estatal de Inmigración y Empleo. Este nuevo organismo estaría orientado a facilitar la entrada legal de extranjeros, para lo que se encargaría de la contratación de los trabajadores en sus países de origen. La agencia valoraría «las circunstancias que favorezcan la integración», entre las que Rajoy mencionó la cualificación profesional, el conocimiento de la lengua, el sistema legal y la cultura. El PP permitirá que las agencias privadas de empleo contraten en origen, bajo el control y la supervisión de la Agencia Estatal, a los trabajadores extranjeros, que llegarían a España con el contrato y la formación requerida para el puesto al que estén destinados .

Expulsión de delincuentes

El aspirante a La Moncloa se propone también restablecer la modificación del Código Penal que permita la expulsión de los inmigrantes que hayan delinquido, incluso si ya cuentan con permiso de residencia en España. «Han venido muchos delincuentes extranjeros», denunció Rajoy, que acusó al mismo tiempo a Rodríguez Zapatero de haber «neutralizado» una reforma hecha por el PP para expulsar a su país de procedencia a los inmigrantes que delincan en España, a excepción de los que comentan delitos de gravedad. Tras declararse «abierto a los inmigrantes que quieran vivir, trabajar y crecer con nosotros», el líder opositor insistió en que un Gobierno del PP «cerrará la puerta a todos aquellos que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de los españoles».

Como hizo la pasada semana en París, Rajoy volvió a defender una política conjunta de inmigración para toda la Unión Europea que establezca para todos los estados miembros los mismos requisitos para otorgar visados, los mismos derechos y deberes o idénticas normas para reagrupación familiar. Además, insistió en «un control eficaz de las fronteras», con patrullas conjuntas de los países comunitarios.

Asimismo, prometió solemnemente, con el PP «no habrá más regularizaciones masivas», con la intención de desmarcarse de la medida que adoptó José Luis Rodríguez Zapatero después de llegar al poder y que le valió las críticas de algunos países europeos. Según Rajoy, «hace tres años, sin consenso, sin pedir opinión a la oposición ni a los socios europeos, este Gobierno regularizó a 700.000 personas. Cuando yo gobierne, voy a trasmitir la idea de que en España no se puede entrar ilegalmente».