El juicio en el que se acusa al ex delegado de Gobierno, Luis Vicente Moro y al ex consejero de Presidencia, Antonio Francia, por una presunta expulsión ilegal de menores marroquíes a su país de origen en 1998, por el que se piden seis años de cárcel, fue aplazado ayer a petición de la defensa.

La segunda sesión de la vista oral se iba a celebrar en las dependencias de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz pero los magistrados han accedido a posponer la cita hasta el próximo lunes tras la petición efectuada por la abogada defensora del ex consejero de Presidencia, Antonio Francia, que tenía un juicio «inaplazable» en Málaga.

El ex delegado del Gobierno del PP se sienta estos días en el banquillo por una denuncia presentada por tres agentes de la Policía Local en noviembre de 1998 por la supuesta expulsión ilegal de varios menores marroquíes. Moro dijo en la primera sesión que se cumplió la legalidad y que aplicó el procedimiento que se realizaba cuando accedió al cargo, en el que estuvo desde julio de 1998 hasta el 30 de abril de 2004. Francia (PP), también negó los hechos amparándose en los mismos criterios.

El ex delegado habló de sí mismo como de la persona que «institucionalizó» la repatriación de menores. Y el ex consejero aseguró que cumplió con la Ley. Dos versiones que contrastaron con la visión de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) que ejerce la acusación popular, y con la declaración de uno de los policías denunciantes, Antonio Espinosa, que aseguró que «hasta en veinte ocasiones», trasladó a los jóvenes marroquíes directamente a la frontera e incluso llegó a pasar al país vecino.

El lunes más

El juicio continuará el lunes con el testimonio de los otros policías locales que denunciaron los hechos. Además del superintendente del cuerpo, Ángel Gómez y José Antonio Querol y Alberto Núñez, ex concejales de la ciudad autónoma en la época en la que Jesús Fortes (PP) era presidente de la localidad.