POR M. J. C.

BARCELONA. Propuestas como el «contrato social» con los inmigrantes o la contratación laboral en origen, explicadas ayer por el presidente del PP, Mariano Rajoy, coinciden con el programa electoral de CiU, aunque en el caso de los nacionalistas la ausencia de un mensaje claro respecto a las políticas de inmigración, unido a un exceso de lenguaje identitario, se ha traducido en discursos altisonantes sobre la necesidad de «catalanizar» a los recién llegados o en declaraciones que rozaban la xenofobia. Fue precisamente el ex presidente Jordi Pujol quien radicalizó el discurso alertando de que el «mestizaje sería el fin de Cataluña» o proponiendo pruebas de catalanidad.

Igualmente, polémicas fueron las críticas del candidato de CiU en las próximas generales, Josep Duran Lleida, contra el velo islámico, así como su vídeo de campaña en el que aparece la frase «un magrebí no quiere que su hija de 7 años haga gimnasia en la escuela». Pero quien realmente ha crispado el debate sobre la inmigración ha sido el ex dirigente de ERC Heribert Barrera, quien llegó a asegurar que «hay una distribución genética en la población catalana diferente de la subsahariana», lo que «determina la inteligencia».

Con la llegada del tripartito a la Generalitat se ha producido una cierta relajación en materia de control de la inmigración, pues aquellos que a finales de los noventa pedían «papeles para todos» son los responsables ahora de la seguridad ciudadana. Precisamente ayer, el líder del PP catalán, Daniel Sirera, reprochaba al consejero de Interior catalán, Joan Saura, que dé instrucciones a los Mossos d´Esquadra para que no hagan controles rutinarios entre los inmigrantes.

Mirar a otro lado

Según Sirera, en los últimos tres años, el Gobierno español ha enviado a Barcelona a 2.000 inmigrantes ilegales de Canarias. «El Ejecutivo catalán mira a otro lado y dice que el problema no va con ellos», dijo el dirigente popular, quien añadió que cada año entran en España 15.000 rumanos y búlgaros ilegales a través de los Pirineos, según cifras facilitadas por los sindicatos policiales. Estas mismas fuentes han calculado que actualmente viven en Cataluña unos 200.000 magrebíes legales e ilegales, lo que convierte esta comunidad en un polvorín que, con el despliegue de Mossos, ya no puede controlar la Policía Nacional.

Esta situación ha sido aprovechada por partidos xenófobos que, como es el caso de Plataforma per Catalunya, logró nada menos que 17 concejales en toda Cataluña en las últimas municipales. ¿Voto de castigo?