IVA ANGUERA DE SOJO

BARCELONA. El Parlamento catalán dio luz verde ayer al proyecto de ley de centros de culto religioso tras superar las dos enmiendas a la totalidad presentadas por CiU y PP al proyecto del tripartito, que crea un registro de centros de culto en el que equipara a todas las confesiones. Una normativa vista como una agresión desde la Iglesia Católica, que no obtiene ningún reconocimiento especial en el texto. El mismo día, sin embargo, el presidente de la Generalitat, José Montilla, intentó rebajar la tensión ante una agresiva intervención de sus socios de ICV, y pidió «calma» frente a los ataques a la Iglesia, tras felicitarse por la «pluralidad» de la jerarquía catalana.

La normativa del Gobierno catalán, que ahora debe completar su trámite parlamentario, establece la obligatoriedad de reservar suelo para uso religioso en todos los planes de ordenación urbanística, lo que fue denunciado tanto por CiU como por el PP como una intromisión en la autonomía local. Establece, además, una única regulación para la concesión de las licencias municipales para autorizar la creación de centros de culto, aunque emplaza a un futuro reglamento para especificar las condiciones de esas licencias.

Trato igualitario

No especifica, sin embargo, cuál será el criterio de los gobiernos locales para otorgar ese suelo reservado a una confesión u otra, ya que se limita a un vago mandato de «garantizar un trato igualitario y no discriminatorio en las cesiones y autorizaciones» para centros de uso religioso. Un igualitarismo que está en el origen del rechazo que el texto ha generado tanto en la Iglesia Católica como en los dos partidos de la oposición en Cataluña.

Así, la diputada popular Angels Olano criticó un texto que, a su juicio, lleva «de la libertad al decretismo», puesto que interviene en un ámbito en el que no era necesario y se mostró convencida de que la norma se ha gestado desde la animadversión de los grupos que dan apoyo al Gobierno catalán hacia la Iglesia. «Ha habido políticos catalanes que han afirmado que la Iglesia no es buena, vamos a ahogarla económicamente, y este es el trasfondo de su actitud», le espetó Olano al vicepresidente de la Generalitat e impulsor de esta ley, Josep Lluís Carod – Rovira.

«La libertad de culto y de reunión queda limitada en Cataluña a golpe de licencia», añadió la diputada del PP catalán. «Ustedes tenían un problema con el rechazo social a la instalación de determinados centros de culto», apuntó en referencia a las nuevas mezquitas, «y no han sabido abordarlo». El problema, en conclusión, es que el tripartito ha pretendido «partir de cero» en este ámbito, sin reconocer el peso de la comunidad católica como la mayoritaria y de mayor arraigo.

La convergente Glòria Renom coincidió con Olano en que que no había «vacío legal», ni por tanto necesidad de regular la creación de centros, porque la libertad de culto «ya está garantizada por leyes de rango superior» como la Constitución o el propio Estatuto. Renom acusó al Gobierno catalán de «intentar desvirtuar la realidad» y concluyó que el proyecto presentado por Carod «es una chapuza jurídica y vulnera la autonomía local».

Iglesias exentas

Carod defendió, por contra, que el texto no vulnera la autoridad local y aseguró que salvaguarda los intereses de la Iglesia a través de su disposición adicional tercera, que exime de la aplicación de la ley a las más 3.000 templos incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural Catalán. Por tanto, argumentó el líder de ERC, «la mayoría de las iglesias y centros de culto católico ya existentes quedan exentos de la aplicación de esta ley».

Carod defendió el texto bajo el argumento de que «somos pioneros en Europa» y aseguró que la ley nace con dos «ideas claras», que los municipios prevean espacios de uso religioso y garantizar las condiciones de seguridad y salubridad de los centros. Con estas dos premisas, el tripartito se propone, según Carod, «garantizar la aplicación real y efectiva del derecho a establecer centros de culto» frente a algunas ordenanzas municipales «tan restrictivas que en la práctica, impiden ejercer este derecho y frente a la actitud de quienes prefieren taparse los ojos e ir tolerando la proliferación de nuevos lugares de culto».

Desde al tribuna de invitados siguieron el debate monseñor González Agapito en representación de la Iglesia; Guillem Correa, del Consejo Evangélico; Joan García, de la Iglesia Ortodoxa; Jorge Mario Burdman, de la comunidad judía, y Lacsen Saaou, del Consejo Islámico de Cataluña.