El Trribunal Supremo ha compartido los argumentos de la Fiscalía para anular un fallo de la Audiencia Provincial de Canarias en el que se declaraba incompetente para juzgar a 18 ciudadanos extranjeros por intentar introducir en España a unos 150 inmigrantes a bordo de un buque inspeccionado en alta mar por autoridades españolas. Así, el TS considera que que los tribunales españoles pueden juzgar los delitos de tráfico ilegal de inmigrantes cometidos en aguas internacionales cuando el destino de la inmigración sea territorio español. El juzgado de instancia se había apoyado en que, para aplicar la jurisprudencia de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se requiere que el Estado español dicte normas internas que le permitan hacer uso de la facultad atribuida en la Convención. La sentencia contó con el voto particular de Enrique Bacigalupo, para quien la jurisdicción española no se basa en el protocolo que complementa la citada Convención, sino en el principio de territorialidad.