MARÍA JESÚS CAÑIZARES

BARCELONA. Por segunda vez en apenas dos semanas, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha elegido Barcelona para explicar los ejes fundamentales de su programa electoral. Tras presentar en la capital catalana sus propuestas de reforma fiscal, el líder popular expuso ayer sus propuestas en materia de inmigración, que pasan básicamente por garantizar los derechos, pero también los deberes, de este colectivo (más del 10% de la población) a través de un «contrato de integración» muy similar al que en su día impulsó el presidente francés Nicolás Sarkozy y que le permitió ganar las elecciones.

No fue gratuito que el candidato del PP en las próximas elecciones generales se desplazara a la Ciudad Condal para desgranar una serie de propuestas para solucionar uno de los problemas que más preocupan a los españoles. España es, después de Estados Unidos, el país del mundo que recibe un mayor número de inmigrantes, pero Cataluña concentra el 22,5 por ciento de este colectivo en nuestro país.

El mensaje de Rajoy fue claro y contundente. «Propongo una nueva política de inmigración basada en la eficacia, la responsabilidad y el sentido común». En su opinión, el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero no se ha tomado en serio las políticas destinadas a garantizar la convivencia y la integración. Y, tras prometer que «no habrá nunca más regularizaciones masivas», el candidato popular anunció una profunda reforma de los cauces de llegada de la inmigración legal porque los actuales «han fracasado».

Agencia de Empleo

En este sentido, el máximo dirigente de los populares propuso la creación de una Agencia de Inmigración y Empleo para atender la demanda de trabajadores extranjeros que plantean las empresas. Rajoy invitó a la iniciativa privada a sumarse a esta iniciativa, cuya finalidad es dar prioridad a los inmigrantes que demuestren experiencia, formación y conocimiento de la cultura y las leyes españolas.

Esa selección en origen se canalizará, según el cabeza de lista del PP, a través de un «contrato de integración», es decir, en un compromiso con validez jurídica entre la sociedad española y el inmigrante con intención de obtener un permiso superior a un año de residencia legal en nuestro país.

En base a ese contrato, el trabajador se compromete a aprender la lengua española, cumplir con las leyes españolas, pagar los impuestos y cotizaciones, trabajar activamente para integrarse en nuestro país y, en el supuesto de que no pueda encontrar empleo, a regresar a su país de origen. A cambio, el Gobierno español proporcionaría al trabajador los mismos derechos y prestaciones que a un español, le ayudaría en su integración y respetaría sus creencias y costumbres, siempre y cuando éstas no sean contrarias a las leyes españolas.

«Sí a la integración y a la convivencia, pero sin discriminaciones ni ventajas por ser inmigrante. La igualdad se predica para todas las personas. Ser inmigrante no supone ser mejor ni peor», dijo Rajoy, muy crítico con la desidia del Partido Socialista en este terreno y contrario a establecer una división social entre grupos étnicos o religiosos. «Cada inmigrante es una persona distinta con una capacidad diferente. Sólo en la unidad de la sociedad de acogida puede haber integración», dijo.

Otro de los cauces de entrada de inmigrantes que, en su opinión, debe revisarse es la reagrupación familiar, pues «no puede prolongarse hasta el infinito». En este sentido, el PP acepta la entrada de la familia directa, pero nadie más. «Cerraremos las puertas – añadió – a todos aquellos que no respetan la ley y atentan contra la convivencia española», aseguró Rajoy, en un discurso muy parecido al de Convergencia i Unió, que en anteriores convocatorias electorales también propuso la idea del «contrato social» con los inmigrantes – eso sí, con la mente puesta en el aprendizaje de la cultura catalana – . Tampoco es ajeno el mensaje de Rajoy a la sensibilidad que la cuestión de la inmigración existe en el área metropolitana de Barcelona, tradicional feudo socialista que en las últimas municipales se vio debilitado por el exitoso discurso del PP sobre inmigración en lugares como Badalona, L´Hospitalet o El Prat de Llobregat.

Medidas contra la delincuencia y, muy especialmente, contra la inmigración ilegal. «Voy a combatir la idea de que en España se puede entrar ilegalmente», subrayó el presidente del PP, quien apostó por intensificar los acuerdos con otros países europeos y fomentar las patrullas policiales conjuntas porque «se habla mucho de pateras, pero no de lo que ocurre en los Pirineos y en los aeropuertos».

Repatriaciones más ágiles

Recordó el dirigente popular que Rodríguez Zapatero neutralizó una reforma del Gobierno del PP que permitía expulsar a los delincuentes con delitos menores. Mariano Rajoy prometió que, si gana las elecciones, restablecerá esta medida, como han hecho otros países europeos, para poder expulsar a los delincuentes extranjeros, aunque tengan permiso de residencia, siempre y cuando el delito no sea tan grave que merezca cumplir su pena en España.

Asimismo, el candidato popular prometió simplificar los procedimientos de repatriación y «acabar así con la ilegalidad, con el sufrimiento que genera, y con el drama humanitario que provocan las mafias».