ONG, colectivos de inmigrantes, sindicatos y partidos creen que la medida es «discriminatoria» y propia de «la derecha más extrema» Fue imposible encontrar ayer a alguien que defendiera la propuesta de Mariano Rajoy de ofrecer «un contrato de integración» a los inmigrantes que quieran residir en España. Incluso CiU, que planteó hace dos años dar un carné por puntos a los extranjeros que se adaptasen, condenó al presidente del PP.

Mientras las organizaciones sociales ponían el grito en el cielo por una medida que consideran «claramente inconstitucional», las asociaciones de inmigrantes la interpretaban como una forma de «criminalizar» a todo un colectivo.

«Las leyes hay que respetarlas siempre, sin tener que firmar nada. No necesitamos un contrato para cumplir esto, y menos para integrarnos», decía ayer Kamal Rahmouni, el presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), el colectivo de extranjeros más numeroso en nuestro país.

Le daba la razón Esteban Melo, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (Fenadee): «Este contrato es totalmente discriminatorio y presupone que el inmigrante es un delincuente. Hablamos la lengua y, por influencia histórica, parte esencial de nuestra cultura es española; pagamos los impuestos, y, por supuesto, cumplimos las leyes».

Mauricio Valiente, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), consideró que «una medida así no resiste el más mínimo análisis de cara al Derecho» y la consideró «contraria a la base de nuestro sistema jurídico» «Los derechos no pueden ser renunciables ni condicionarse a un acuerdo entre un inmigrante y una administración. No tiene sentido legal», explicó.

Javier Ramírez, de SOS Racismo, añadió que el planteamiento de Rajoy es «desafortunado» y «de una irresponsabilidad que un Estado de Derecho no puede admitir». «No es digno de un partido democrático».

«La integración de los inmigrantes no se va a lograr a golpe de contrato, sino garantizando unas políticas migratorias más justas y eficaces. Asegurando que todos los inmigrantes vean respetados sus derechos básicos, garantizando que el peso relativo de los gastos sociales se mantiene o incrementa y promoviendo políticas activas de convivencia», añadió Ariane Arpa, directora general de Amnistía Internacional.

Los sindicatos CCOO y UGT señalaron que este tipo de planteamientos «fomenta la xenofobia», según Europa Press. Y PNV, ERC, CiU e IU – ICV dijeron que es propio de «la derecha más extrema».