El Partido Popular y Ciutadans volvieron a medirse ayer en el Parlament para ver quién es capaz de lanzar un ataque más furibundo contra el actual modelo lingüístico de las escuelas catalanas. El PP presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Política Lingüística en el sentido de garantizar que tanto el catalán como el castellano puedan utilizarse como lenguas vehiculares en la escuela. El Parlament rechazó la iniciativa, que sólo contó con los votos del PP y Ciutadans. La Cámara aprobó, en cambio, una moción de Convergència i Unió que apoyaba el modelo lingüístico actual.

El diputado del PP Rafael López defendió su proposición de ley apelando a la libertad, al bilingüismo y a la sociedad plural, y aseguró que en las aulas no existe “conflicto” porque la Ley de Política Lingüística no se cumple.

Para defender la enmienda a la totalidad del PSC, ERC e ICV – EUiA, el portavoz republicano en el Parlament, Joan Ridao, calificó la proposición de “tramposa” por partir de axiomas “radicalmente falsos”.

La propuesta de CiU, en cambio, manifiesta su apoyo al modelo educativo vigente y apuesta por desplegar las competencias educativas que otorga el Estatuto, garantizando el derecho a recibir la educación en catalán como lengua vehicular y a no ser separados en centros o clases por razón de lengua. Fue apoyada por el tripartito y CiU, y rechazada por el PP y Ciutadans.

Mientras ocurría todo esto, el Centro de Normalización Lingüística (CNL) de Barcelona ofrecía datos que indican que cada vez hay más extranjeros que se interesan por aprender catalán. Las inscripciones en estos cursos se han duplicado desde 2004, cuando se registraron 10.605. En 2007, en cambio, se inscribieron 20.038 inmigrantes. El incremento ha sido del 89% desde que se puso en práctica el plan de acogida lingüística, en 2005.

A pesar de ello, según Antoni Mataix, director del CNL de Barcelona, no hay colas. “En el centro no hay listas de espera. El centro es suficientemente ágil para dar respuesta a todos los inmigrantes”, afirmó Bernat Joan, secretario de Política Lingüística de la Generalitat.

La iniciativa ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, que ha financiado el 34% del plan, y la Generalitat de Cataluña, que ha aportado el 66%.