El Gobierno central destinará este año 7,5 millones para el traslado de menores extranjeros que llegan a las Islas y también para las comunidades que acepten su acogida. Canarias critica que el Ejecutivo central haya rebajado en 2,5 millones este programa porque el presupuesto de 2007 alcanzó los 10 millones.

El Gobierno canario rechazó ayer que el Ejecutivo central haya rebajado en 2,5 millones de euros la partida para costear el traslado a otras comunidades de los menores extranjeros no acompañados que llegan al Archipiélago.

Así lo manifestó la viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias, Natividad Cano, tras participar, el pasado martes en Madrid, en una reunión extraordinaria del Consejo Superior de Política de Inmigración, cuyo único punto del orden del día se centró en las acciones a desarrollar en el marco del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo.

Cano precisó que el Estado ha destinado 7,5 millones de euros para hacer frente al programa de traslados de menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias hacia otras comunidades.

“Se trata de una partida que gestiona el Estado directamente para hacer frente a las derivaciones de estos chicos”, matizó Cano, quien destacó que esta partida supone un descenso de 2,5 millones de euros con respecto al pasado año, “ya que en 2007 alcanzó los 10 millones de euros”.

A través de este programa, el Estado trasladó el pasado año a un total de 169 menores no acompañados a diversas comunidades autónomas, un “número insuficiente”, en opinión de la viceconsejera, “ya que la cifra de menores extranjeros acogidos en las Islas alcanza el millar”. Por ese motivo, “desde el Gobierno canario se ha iniciado el traslado de chicos a otras comunidades, manteniendo la tutela de estos jóvenes y asumiendo en solitario el coste”.

Natividad Cano también aludió a la partida de 200 millones de euros que el Gobierno central ha establecido para repartir entre todas las comunidades, una “cantidad que resulta insuficiente y que, además, no se incrementa en nada con respecto al pasado año”, dijo.

Cano invitó a todas las comunidades españolas a participar en unas jornadas de trabajo sobre el fenómeno de la inmigración que se desarrollarán en las Islas durante el primer semestre de este año, centradas en la atención y acogida de menores extranjeros. Destacó la buena acogida que tuvo esta iniciativa entre los miembros del Consejo y subrayó su importancia, ya que, según dijo, “en diez años apenas” se ha “avanzado en esta área tan especial y dramática”.

“Estamos hablando de chicos, algunos de ellos nueve años, que se juegan la vida para intentar lograr un futuro mejor”.

barcos negreros

Delitos en aguas internacionales

El Tribunal Supremo considera que los tribunales
españoles pueden juzgar los delitos de tráfico ilegal de inmigrantes cometidos
en aguas internacionales fuera de la jurisdicción española cuando resulta
evidente que el destino de la inmigración era el territorio español. Así se
establece en una sentencia que anula otra de la Audiencia Provincial de Las
Palmas, que declaró su falta de jurisdicción para juzgar a 18 ciudadanos
extranjeros por intentar introducir en España a unos 150 inmigrantes a bordo del
buque MT Konakry, que fue inspeccionado en alta mar por las autoridades
españolas. El Supremo comparte en esta sentencia los argumentos del Ministerio
Fiscal que recurrió el fallo de la Audiencia Provincial alegando que, al ser el
territorio español el destino del buque, el delito “se puede tener por cometido”
en España. El fiscal mantuvo además que la Convención de Naciones Unidas contra
la delincuencia organizada, suscrita por España, faculta a un Estado a adoptar
las medidas “legislativas y de otra índole” contra el tráfico ilícito de
personas cuando se cometa intencionalmente y con el fin de obtener un beneficio
económico o material. Según la sentencia del Supremo, en este caso “resulta
evidente que la migración tenía como objetivo la inmigración en territorio
español, estando tal comportamiento tipificado y teniendo decidido el Estado
español la extensión de su jurisdicción al enjuiciamiento de tal hecho”.