Acudían al altar de su mano pero desconocían su pasado, su presente e incluso su nombre. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha iniciado una investigación a raíz de la proliferación de supuestos matrimonios de conveniencias celebrados entre inmigrantes nigerianos y mujeres de etnia gitana residentes en esta Región.

La voz de alarma surgió cuando se detectó un crecimiento desorbitado del número de enlaces de este tipo, que normalmente se celebraban en las parroquias de varias pedanías murcianas, como El Palmar, Cobatillas o La Alberca. Concretamente, un total de 125 de estos presuntos matrimonios de conveniencia se celebraron en estas iglesias entre diciembre de 2006 y el mismo mes del año siguiente. Estas bodas no han cesado de incrementarse en los meses posteriores.

La mayoría de los varones que contraían matrimonio residían fuera de la Región de Murcia y acudían a la comunidad con el objetivo de asistir a su boda. Aunque en algunos casos los contrayentes varones eran de nacionalidad distinta, como paquistaníes e indios, la cifra más abultada era la protagonizada por nigerianos. Las mujeres, en cambio, eran todas de etnia gitana.

Los matrimonios celebrados carecen, en algunos casos, de las condiciones habituales de un enlace. En muchos casos las contrayentes desconocían el nombre del varón con el que iban a casarse. El único dato que podían ofrecer sobre su futuro marido era que «era de color».

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha solicitado a la Policía Judicial que inicie de inmediato una investigación sobre estos hechos que permita determinar si realmente estos matrimonios son de conveniencia.

¿Una práctica común?

A comienzos de octubre del pasado año, la Región se veía sacudida por las detenciones, por parte de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, de los máximos responsables de la asociación de ayuda al inmigrante latinoamericano Asolatines, acusados de haberse lucrado tras arreglar un matrimonio de conveniencia entre ciudadanos extranjeros y españoles, con el objetivo de obtener permisos de trabajo y residencia en España.

La alarma en el país saltó en el verano del 2002. La Fiscalía General del Estado envió una instrucción a los fiscales jefes de las provincias y ciudades con mayor porcentaje de población inmigrante, como es el caso de Murcia para que prestasen especial atención a este tipo de enlaces blancos, como se les denomina en el argot policial y judicial. Normalmente, el ciudadano extranjero, a cambio de una suma económica, contrae matrimonio y consigue automáticamente permanecer en España un mínimo de cinco años.

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