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MURCIA. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha abierto una investigación sobre la proliferación de supuestos matrimonios de conveniencia celebrados entre inmigrantes nigerianos y mujeres de etnia gitana, según ha sabido Efe de fuentes judiciales.

La voz de alarma, añadieron las fuentes, se produjo al detectar un incremento desorbitado en estos matrimonios contraídos varias pedanías murcianas, como El Palmar, Cobatillas y La Alberca. Así, al analizar la cifra de estos matrimonios, se comprobó que desde diciembre de 2006 hasta el mismo mes de 2007 se habían efectuado 125, número que siguió creciendo en fechas posteriores a un ritmo inusual.

A Murcia sólo para la boda

Aunque en algunos casos los contrayentes varones eran paquistaníes e indios, la cifra más abultada era la protagonizada por nigerianos, muchos de ellos, con residencia en otras provincias españolas, pero llegados a Murcia sólo para la boda.

En muchos casos las contrayentes de etnia gitana desconocían el nombre del varón con el que se iban a casar, del que sólo aportaban como dato que «era de color». La Fiscalía del TSJ ha encargado a la Policía Judicial que abra una investigación sobre estos hechos por si estos enlaces esconden matrimonios de conveniencia.

De confirmarse las sospechas, el caso se sumaría a la ya larga lista de organizaciones y redes dedicadas al lucrativo negocio de organizar matrimonios con inmigrantes ilegales con el objetivo final de obtener «papeles» que regularicen su situación en España.

Uno de los casos más recientes, también tuvo su origen en Murcia, en donde fueron detenidos los dirigentes de la Asociación de Inmigrantes Latinoamericanos, acusados de estafa al dedicarse presuntamente a organizar «bodas de conveniencia» entre españoles e iberoamericanos. El matrimonio que dirigía esta asociación, también fue investigado por la posible utilización fraudulenta de subvenciones. Desde 2003, fecha en que fue creada, había recibido ayudas por casi medio millón de euros.

El panorama se repite, prácticamente en todas las comunidades. En Gijón, por ejemplo, fue desarticulada el pasado verano una red que introducía mujeres nigerianas de forma ilegal en España, a las que llegaban a cobrar hasta 4.000 euros por casamiento. El servicio incluía los testigos y la documentación. Algo similar, ocurrió el año pasado en Barcelona, donde fue desarticulada una banda de paquistaníes que amañaba matrimonios de compatriotas ilegales, que captaban en locutorios, con mujeres españolas y los que cobraban entre 5.000 y 12.000 euros.