J. GUIL

BARCELONA. Desde 2003, la Generalitat ha intervenido en 223 casos en los que se sospechaba que había riesgo de que una niña fuera sometida a una mutilación genital, una ablación. Además, en los últimos cinco años, estos casos en los que se ha intervenido han aumentado: de 20, en 2003, a 68, en 2007. Estos datos fueron aportados ayer por la consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, durante la presentación de la segunda edición del Protocolo de actuaciones para prevenir la mutilación genital femenina. Capdevila precisó que las citadas 223 intervenciones no corresponden a ablaciones consumadas, sino que son casos en que la Generalitat ha realizado varias acciones, desde sensibilizar a la familia de la presunta víctima hasta la denuncia en los juzgados. De hecho, afirmó que de momento no les consta ningún caso de ablación consumada en Cataluña y destacó en este sentido que por ahora no ha habido «ninguna condena judicial» por esta práctica.En cuanto al aumento de casos de riesgo detectados, el secretario para la Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, consideró que «aún no es una mala noticia», puesto que lo atribuyó a una mayor eficacia en su detección. Con todo, auguró que en un futuro habrá más casos de riesgo, a causa de los procesos de reagrupación familiar.

La decisión de realizar una segunda edición del protocolo contra la ablación obedece a la necesidad de adaptarlo a los cambios legislativos que ha habido desde la primera vez que se implantó, en 2002. Una de las novedades normativas que le afectan han sido la reforma del Código Penal de 2003, por la que la ablación pasó a ser tipificada como delito, no como falta, y castigada con penas de 6 a 12 años de cárcel. Otro cambio legislativo crucial fue, en 2005, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite perseguir este delito si se comete fuera de España.