Le acusan de ordenar a policías y «grupos parapoliciales» expulsiones masivas de ‘niños de la calle’ MADRID. – Cuando los policías estaban apostados en las esquinas, el jefe le daba al on del walkie – talkie: «¡Ahora!». Y se liaban cual hombres de Paco a perseguir niños. Ceuta connection, pero sin narcos. Más bien con menores desamparados que habían cruzado la frontera para comerse el mundo después de comerse un bocadillo. Los agentes los agarraban, los metían en furgones pestilentes de pescado, los llevaban a la frontera y los entregaban a la Policía marroquí. La orden, presuntamente, era del delegado del Gobierno y la ejecutaba el consejero de Presidencia de Ceuta. Hoy, 10 años después de que tres policías denunciaran esta versión dramática de la comedia de la tele, ambos se sientan en el banquillo.

Son Luis Vicente Moro, que fue delegado del Gobierno en Ceuta desde julio de 1998 hasta su cese por el Gobierno socialista en 2004, y Antonio Francia Maeso, que ocupó la Consejería de Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz – con sede en Ceuta – los juzga a partir de mañana por presuntos delitos de prevaricación y detención ilegal. La acusación pide seis años de cárcel y 12 de inhabilitación, y la defensa y la Fiscalía reclaman la absolución.

Temerosos de perder su empleo por hacer preguntas e irritados por el sistema, tres policías locales lo denunciaron todo en noviembre de 1998, algo que les cambió la vida entre una montonera de «represalias personales y profesionales».

La queja sostiene que Moro y Francia ordenaron las detenciones masivas de niños indocumentados y su expulsión a Marruecos, lo que la acusación – la Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHA) – ve «contrario a la normativa vigente referente a extranjería y protección de menores».

Según el escrito de acusación, los dos altos cargos «ordenaban la detención» a la Policía Local y a un «grupo parapolicial» llamado Agentes de Atención Directa, conocido entre las ONG como la triple A. Se trataba de empleados de una empresa municipal (Procesa) que no eran policías, pero que «se uniformaban de forma idéntica».

Los menores eran introducidos en vehículos policiales junto a adultos detenidos. Los furgones no tenían ventilación y eran usados por la Policía para transportar pescado o verdura decomisados a los vendedores ambulantes. Los chicos eran llevados hasta el garaje de la comisaría y retenidos, «a veces horas», hasta que los trasladaban a la frontera. Allí, los agentes locales entregaban a la Policía Nacional la hoja Entrega de Menores Marroquíes y después dejaban a los chavales en manos alauís.

El juicio es el principio del final de la colección de obstáculos «colocada por el Juzgado de Ceuta y la Fiscalía, que se empeñaron en boicotear la investigación y archivar el caso», dice la acusación.

En paralelo a todo, un hecho ilustra el interés que el ex delegado del Gobierno tenía en que el asunto no llegara a los tribunales. Cuando el Juzgado de Ceuta sobreseyó el caso, la APDHA recurrió ante la Audiencia de Cádiz, presidida por Fernando Tesón, que estimó el recurso. Entonces, Luis Vicente Moro empezó una «campaña de desprestigio» del juez Tesón, «al que acusó de connivencia con el narcotráfico», según la ONG. Finalmente, en una sentencia fechada el 14 de septiembre de 2007 y de la que fue ponente el juez Francisco Javier Gracia, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al ex delegado del Gobierno en Ceuta a dos años de cárcel y 12 de inhabilitación por delitos de prevaricación, calumnias, revelación de secretos oficiales y atentado contra la independencia del Poder Judicial.