Condenado el Estado como responsable civil por el déficit de seguridad en A Lama

El cangués Santiago Pena Martínez deberá purgar otra larga temporada en prisión por el asesinato de un recluso nigeriano ocurrido el 6 de noviembre del 2006 cuando víctima y verdugo compartían destino en el módulo tres del penal de A Lama. La Audiencia de Pontevedra lo ha condenado a dieciséis años de cárcel por un delito de asesinato, así como a dos años por tenencia ilícita de armas prohibidas y a otros veintitrés meses y a cuatro meses por sendos delitos de lesiones, uno de ellos en grado de tentativa y el otro por imprudencia grave.

En la sentencia se recoge que, hora y media antes del crimen, los dos internos se vieron envueltos en una pelea a puñetazos en el patio del penal. Posteriormente, movido por el rencor, Santiago Pena asestó sorpresivamente siete puñaladas a Johnson Omoyuri cuando este hacía cola en el comedor.

Un tercer interno, José Luis Fernández Falcón, resultó herido al recibir una de las cuchilladas dirigidas hacia la víctima. Asimismo, un compatriota de este último, al observar la agresión, trató de auxiliar al fallecido pero, en su lugar, vio cómo el acusado, cuchillo en mano, comenzaba a perseguirlo. La intervención de los funcionarios penitenciarios evitó que el incidente fuese más grave de lo que ya resultó.

A pesar de esta circunstancia, el tribunal considera que se debe condenar al Estado como responsable civil subsidiario a la hora de abonar los 80.000 euros de las indemnizaciones a la familia del fallecido. El acusado se ha declarado insolvente.

No en vano, en la resolución se enumeran una serie de circunstancias que ponen en duda la seguridad de la prisión. Así, sostiene que ningún funcionario se percató, ni ninguna cámara de seguridad lo grabó, del incidente previo al crimen y que hubiera motivado la inmediata separación de ambos internos. Además, nadie percibió que, como consecuencia de la reyerta, el acusado presentaba «un visible hematoma arredor do ollo dereito e unha ferida incisocontusa na pirámide nasal».

En este sentido, la sala de la Audiencia Provincial no duda en reseñar que, en el momento del asesinato, «había uns 103 presos xuntos e un só funcionario no inmediato office e outro vixiando dende unha posición máis elevada, mais non dentro do comedor senón por fóra do mesmo». Otro aspecto que, en principio, cuestiona la seguridad penitenciaria es que nadie se hubiese percatado «en que da porta do servizo dos internos e, en concreto, do seu escudo, faltaba un elemento co que, no dicir dun funcionario, se confeccionou o pincho empregado polo procesado».

Lo que sí descarta la sentencia, pese a lo sostenido por la acusación particular, es que el asesinato tuviese una motivación racista, aunque no se descarta que Santiago Pena hubiese dirigido comentarios de esa índole hacia la víctima.