A MI JUICIO, se está produciendo un descomunal abuso y fraude de ley con la interpretación que se viene haciendo de la Convención Internacional de Derechos del Niño y de la normativa estatal derivada de ella. En efecto, dicha Convención, a la que España se adhirió en su momento, establece que los países firmantes deben hacerse cargo de la manutención y educación de los extranjeros menores de 18 años que se encuentren en su territorio sin familia o tutores.

Este acuerdo se inspiró en la necesidad de evitar que los niños que quedaran en territorio extranjero, a resultas de guerras conflictos y otras circunstancias muy excepcionales, pudieran verse desvalidos y expuestos al hambre, enfermedad no atendida, marginalidad o abusos de diverso género.

Sin embargo, la ciudadanía canaria, y la española, observan con estupor cómo el paraguas de la mentada Convención está amparando a jóvenes que en modo alguno han quedado solos en Canarias por ninguna de las circunstancias que estaban en la mente del legislador sino porque deliberada, planificada e ilegalmente se han introducido en nuestras islas o en la Península.

Ante la gravedad numérica del problema, creciente por el desdichado efecto llamada y nefastos precedentes que está creando la aplicación “ad litteram” del articulado de dicha Convención y de la normativa subsiguiente, la única forma de defensa real y eficaz que tiene nuestra sociedad es la de que el Gobierno español denuncie esa Convención, desvinculándose de su cumplimiento en cuanto ataña a jóvenes que ilegalmente se hayan colado en nuestro territorio y procediendo, en consecuencia, a su repatriación, expulsión o extrañamiento a terceros países en igualdad de condiciones con los procedimientos que se siguen con los inmigrantes ilegales mayores de 18 años.

Es indignante e inadmisible que con los miles de canarios de edad avanzada que hay que trabajaron durante toda su vida y que malviven con pensiones precarias, nos estemos gastando, además del enorme coste que supuso el levantamiento de centros de acogida, 2.400 euros mensuales en la manutención y atención de cada uno de estos súbditos extranjeros que, además, distan mucho de ser niños, por más que la ley se empecine en considerarlos como tales. Y que además, como premio a su arribada ilegal los estemos incluso preparando para su inserción en nuestro mercado laboral, agravando los problemas de paro, superpoblación y multiculturalidad de nuestras islas. El sarcasmo se completa con la contemplación de cómo estos jóvenes ilegales son llevados de excursión cada fin de semana por sus “educadores” que además les proporcionan dinero público para sus chucherías. Sistemáticamente, vemos a estos nutridísimos grupos en Candelaria, el Teide, el Puerto de la Cruz y otros parajes de Tenerife y otras islas, disfrutando de unas prerrogativas, derechos y atenciones que no se tienen con muchos de nuestros conciudadanos de la tercera edad.

Es correcta, como mal menor a plazo inmediato, la iniciativa del Gobierno de Canarias de derivar a nuestro coste a estos jóvenes a otras CC.AA., porque al menos esto reduce las posibilidades de que finalmente se establezcan aquí. Pero lo imperativo para resolver el problema de raíz es que CC inste al Congreso, al Gobierno de Madrid y, en su caso, a Bruselas, e incluya inequívocamente en su programa electoral, la denuncia de la antedicha Convención, de forma que en lo sucesivo podamos proceder a la ágil repatriación o expulsión de extranjeros ilegales de cualquier edad sin más trámite.