ENRIQUE FIGUEREDO – Barcelona

Una asociación de vecinos irá a fiscalía a denunciar posibles corruptelas en las licencias comerciales de locutorios y ultramarinos

Una asociación denuncia que la comunidad pakistaní no se relaciona con los autóctonos
La Asociación de Vecinos de Raval, una de las entidades ciudadanas de este barrio, acusó ayer a las administraciones, y de manera especial al Ayuntamiento de Barcelona, de favorecer con sus políticas que el Raval se convierta en terreno abonado para el delito. Pep García, su presidente, dijo que la operación antiterrorista es una expresión más de esa situación, pero que no es nueva, pues además de redadas por cuestiones de islamismo radical también se han desarrollado operativos policiales, por ejemplo, contra redes asentadas de explotación de prostitutas constituidas por ciudadanos rumanos.

“Si se demuestra la culpabilidad de los detenidos, deberemos ir más allá”, dijo García en referencia a la necesidad de que el Ayuntamiento intervenga en un barrio en el que más de la mitad de la población es extranjera". Para García, la inmensa mayoría de los musulmanes “no están conectados con grupos radicales, pero la masiva concentración facilita un caldo de cultivo que a ciertas personas les permite encontrar escondrijos”.

Esa concentración a la que aludía el presidente de la Asociación de Vecinos del Raval se ha debido, según sus palabras y entre otros motivos, a la “alegre” concesión de licencias de apertura de comercios, en especial locutorios – el plan de usos de Ciutat Vella no autoriza nuevos establecimientos de este tipo- y ultramarinos en manos principalmente de pakistaníes. “Y estos comercios ¿a qué se dedican?, ¿necesitamos tantos y tantos colmados como los que tenemos actualmente?”, se preguntaba ayer en la sede de la asociación.

“Otro tipo de establecimientos tienen grandes problemas para conseguir la apertura”, recalcó García, quien añadió: “¿Es que algunos pagan un canon de peaje y otros, no?”.

Expuestas, aunque con gran cautela, estas sospechas – que el Ayuntamiento de Barcelona niega de forma categórica asegurando que todo el mundo paga los mismos impuestos-, el representante vecinal confirmó que ya tiene fecha para ir a la fiscalía a “aportar las pruebas que creemos que hemos reunido”.

García comparó el proceso que está poniendo en marcha con la llamada operación Guateque, alentada por la fiscalía de Madrid contra la supuesta trama de corrupción instalada en la concesión de licencias. Se lamentó también de la, a su juicio, sospechosa falta de control de las cédulas de habitabilidad de muchas viviendas. “Se están autorizando viviendas en plantas bajas de edificios”, añadió García, acompañado de parte de la junta de la asociación.

El representante vecinal dijo que el actual estado de las cosas está afectando a la convivencia, si bien el Raval continúa presentando unos niveles de conflictividad entre las diversas nacionalidades que residen en el barrio muy bajos respecto a otras grandes ciudades europeas con gran presencia de inmigrantes. García añadió que “en algunos casos no ha llegado a haber convivencia”. Se refería a la comunidad pakistaní, a la que unos vecinos califican de discretos y otros, como el presidente de la Asociación de Vecinos del Raval, tildan de cerrados, “a diferencia de los magrebíes”. En este sentido, explicó que cuando se produjo el asesinato de la líder opositora, Benazir Bhutto, envió una carta de condolencia a los comerciantes pakistaníes “y todavía no he obtenido respuesta”, explicó.

García resumió sus reclamaciones en “un mayor control, una investigación sobre la concesión de licencias y que el Ayuntamiento decida qué destino va a darle a la Rambla del Raval”..