| SANTO DOMINGO

Hace casi tres años la  justicia española ordenó al asesino de su esposo le cancele  350.400 dólares.
 
El ecuatoriano Jorge Victoriano Silva Villacrés fue  asesinado a patadas y pisotones por su compatriota  José Luis Pacheco en Madrid, España, el 14 de febrero del 2003.

Al acusado, la justicia española lo condenó, el 12 de abril del 2005, a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 120 mil euros (175.200 dólares) a la viuda, Leni Edith Morales Villena, y de 60 mil euros (87.600 dólares) a cada uno de sus dos hijos, dinero que nunca llegó a los tres beneficiarios.

Desde su casa, ubicada en la cooperativa de vivienda Caciv,  la mujer dice haber perdido la esperanza de cobrar la indemnización. “Me han tenido de un lado para  otro y en los últimos cuatro  años he gastado  1.200  dólares en trámites sin obtener resultados. No sé qué pasó con el dinero, si se cobró o no y si lo cobraron no sé quién lo hizo”.

Recuerda que cuando su esposo murió acudió a la Defensoría del Pueblo de Quito para que la ayudaran en la repatriación del cuerpo hasta Santo Domingo. Cuenta que allí la convencieron para que firmara un poder especial ante la Notaría 18 de Quito. “Una no sabe de leyes y allí me hicieron firmar, creía que era para la repatriación, pero después unos conocidos me dijeron que el poder era para otras cosas también”.

El documento le otorgaba  amplios poderes a Carlos Guevara y  Patricia Castro Coronel, ex funcionarios de los Derechos Humanos de Ecuador en Europa, para recibir herencias, indemnizaciones, representación en los juicios, decidir sobre los cuerpos de los fallecidos, entre otros. Ambos fueron nombrados por el Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay (ratificado por la Asamblea Constituyente), y debían encargarse de los trámites de repatriación a Ecuador de los fallecidos en España, como el caso de Silva.

Para la repatriación de este ecuatoriano la casa de salud San Carlos, en Madrid, le extrajo los  riñones y huesos para un trasplante, con la autorización provisional del primo del fallecido que estaba en ese país, Carlos Brito. La viuda indica que se enteró de esta situación después porque de lo contrario no hubiera autorizado.

La casa de salud señala que abonó a la funeraria encargada 1.600 euros ( 1.920 dólares) para los gastos de inhumación porque en ese país la ley prohíbe la entrega de compensaciones por la donación de órganos.

Los tres funcionarios de la Defensoría fueron acusados de presunto peculado, estafa y tráfico de órganos, según un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) del 2006. Mueckay desvirtúa la acusación y afirma que la  entidad solo impulsó, gestionó y promovió las acciones  para lograr las indemnizaciones y agrega que “en este caso enjuiciaron a Guevara, cuya extradición desde España está lista”.

Morales admite que el 7 de marzo del 2006 firmó una declaración juramentada ante la Notaría 4ª de Santo Domingo donde deslinda responsabilidad de la Defensoría del Pueblo en la donación o venta de los órganos de su esposo, pero acota que fue inducida por otra funcionaria de esa dependencia.