El Tribunal Superior de Justicia autoriza la marcha de la ultraderecha que había prohibido la Delegación del Gobierno Los afiliados y simpatizantes del partido de extrema derecha Democracia Nacional (DN) podrán manifestarse mañana después de haber ganado el recurso interpuesto contra la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid, que había decido prohibirla. La concentración, autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lucirá el lema «Por la seguridad ciudadana. Recuperemos Madrid. Así no se puede vivir» y comenzará frente al Ministerio de Asuntos Sociales, en la calle de José Abascal, a las 12.00 horas.

Al tratarse de un mandato judicial, la Delegación del Gobierno se ha limitado a decir que, como no podría ser de otra manera, acatan la decisión y prepararán el dispositivo policial necesario para garantizar la seguridad, ante el temor de que algunos grupos de extrema izquierda intenten boicotearla.

El pasado día 14, la Delegación del Gobierno en Madrid informó que había prohibido esta manifestación, por considerar que existía un fraude de ley al «diferir radicalmente» el lema oficial comunicado por DN y la nota de convocatoria difundida posteriormente por este partido a los ciudadanos y a los visitantes de su página en internet.

«Por la seguridad ciudadana. Recuperemos Madrid. Así no se puede vivir» era el lema que aparecía en el escrito que desde DN hicieron llegar a la Delegación para pedir que se autorizara su manifestación. No aparecía por ningún lado la referencia a «toda esa escoria venida de lejanas tierras» que sí aparecía en la nota de convocatoria publicada en su web.

En esta nota, también existían frases del estilo «movilízate, no te quedes impasible porque lo destruyen todo» y no faltaban referencias a otros temas, como los centros sanitarios que practican abortos, a los que definían como «clínicas de muertes y trituradoras de carne humana que no han dejado de segar la vida de nuestros compatriotas».

Además, la Delegación del Gobierno también estimó que la convocatoria no entraba en lo establecido en la Ley Orgánica 9/83 de 15 de julio, por tener un carácter claramente «agresivo» y contener en su convocatoria expresiones de corte xenófobo que atentaban claramente contra la dignidad de las personas.

«Este carácter agresivo de la convocatoria permite considerar que pueden existir desórdenes públicos con daños a personas o bienes, tanto más, cuanto que en la anterior concentración de DN existieron desórdenes públicos, además de producirse la muerte de un joven y graves lesiones a otro en un vagón de Metro en la estación donde se iba a producir la manifestación», aseguraba la notificación de la Delegación del Gobierno. Y es que todavía está muy presente la muerte del joven de 16 años Carlos Javier Palomino el pasado 11 de noviembre. Carlos Javier murió cuando acudía con un grupo de amigos de ideología de ultraizquierda a reventar una manifestación contra la inmigración organizada por las Juventudes de Democracia Nacional en el barrio de Usera. El joven falleció después de mantener una discusión con un joven neonazi en la estación de Legazpi y recibir una puñalada en el corazón.

Al enterarse de la suspensión, DN anunció que recurriría «la injusta y arbitraria denegación de permiso», al tiempo que su presidente, Manuel Canduela, lamentaba con ironía «haber llamado escoria a las bandas de Latin Kings, Ñetas, Maras…» y anunciaba que, en futuras convocatorias, «se dirigirán a ellos con más respeto», llamándoles «señores delincuentes» a fin de «conseguir el visto bueno y la tutela de los medios de izquierdas y del Gobierno que dirigen este país».

Una vez se ha confirmado que el recurso ha tenido éxito y la manifestación ha sido autorizada, las fuerzas de seguridad esperan que los radicales de izquierdas no aprovechen la mañana del domingo para «vengar» la muerte de Palomino.