El Gobierno de Estados Unidos demandará a los vecinos que se oponen a la expropiación de sus propiedades

El Gobierno de Estados Unidos demandará a los vecinos que se oponen a la expropiación de sus propiedades

«No me voy a echar atrás». Así de contundente se mostraba esta semana Eloisa Tamez, vecina de 72 años de un pequeño pueblo tejano, El Calaboz, que se ha convertido en símbolo de la resistencia en contra de la construcción del muro que el Gobierno estadounidense está levantando en parte de los 3.200 kilómetros de su frontera con México. Pero no es que Tamez y buena parte de sus vecinos estén a favor de los miles de inmigrantes que cruzan cada mes desde México en busca de una vida mejor. No es eso. Lo que ella no quiere es que el Gobierno le expropie sus tierras para levantarlo.

Eloísa, enfermera de profesión, es dueña de 1,2 hectáreas que el rey de España concedió a sus antepasados en 1767, antes incluso de que Estados Unidos existiera como nación. Un territorio por el que está previsto que atraviese el polémico muro.

«Esta es mi historia, es mi herencia, es todo lo que tengo», señaló Eloísa a varios medios, convertida en espontánea portavoz de esta batalla que de momento van ganando, aunque Washington no se ha quedado de brazos cruzados.

El Departamento de Justicia ha comenzado a emprender acciones legales contra personas como Eloísa y los municipios que se niegan a dejar pasar a sus tierras a los inspectores enviados por el Gobierno para examinar las propiedades antes de dar el visto bueno definitivo a la construcción de la valla.

Si siguen en sus trece, serán demandados en los tribunales, un proceso que ya ha comenzado. Pero Eloísa no se deja intimidar y dice que luchará «todo el tiempo que sea».

Michael Chertoff, secretario del Departamento de Seguridad Interior, dijo que el muro se pondrá en pie sea como sea. «¿Podemos abandonar este proyecto simplemente porque supone un problema para un individuo en particular?», se preguntaba esta semana en la CNN.

«No creo que yo acepte eso», se respondió a sí mismo, convencido de que el muro es necesario para acabar con el cruce de inmigrantes indocumentados, además de para frenar el tráfico de drogas y de armas en la frontera.

Unos 1.200 kilómetros

No son pocos los que refutan sus argumentos y se oponen a su construcción. En total, el Gobierno quiere levantar 1.200 kilómetros de muro, unos 600 para finales de este año.

Uno de sus oponentes es Richard Cortez, alcalde de McAllen (Tejas), quien asegura que sería más efectivo, entre otras medidas, contratar a más agentes de la Border Patrol (la patrulla fronteriza) o hacer más profundo el río Bravo. Para él, el muro no detendrá del todo el cruce de inmigrantes indocumentados, solo lo ralentizará. «Dará una falsa sensación de seguridad», apunta incrédulo.

Cortez forma parte, junto con otros alcaldes de pueblos fronterizos, de la llamada Texas Border Coalition, que ha pedido a Chertoff que suspenda sus planes mientras lleva a cabo más consultas y estudios sobre la idoneidad de levantar la barrera, una petición que ha sido desechada.

Rafael Garza, vecino de Granjeno y otro de los afectados, mostraba hace unos días cómo el muro pasaría por la ducha de su casa, según el trazado federal.

Pero no todos los vecinos están en contra. Juan Hernández asegura que lo construirán de todas maneras y que si eso ayuda para prevenir el tráfico de drogas, a él le parece bien. «Probablemente me tendré que mudar, pero si me pagan por ello estoy conforme».