La Delegación del Gobierno en Catalunya impuso durante el 2007 “sanciones muy graves” a 697 empresas catalanas por infracciones en materia de extranjería. Entre esas irregularidades, detectadas por la inspección de trabajo, figuran “la promoción de la inmigración clandestina y la contratación de trabajadores extranjeros sin que estos tengan la correspondiente autorización de trabajo”. Esas infracciones están sancionadas con 6.000 euros por cada trabajador en situación irregular.
Además se impusieron 36 sanciones a ciudadanos extranjeros por “infracciones graves” como la residencia irregular en España o trabajar sin el correspondiente permiso. A ellas hay que sumar 32 multas por infracciones leves como el retraso en la renovación. En total, la cuantía de las sanciones impuestas durante el 2007 ascendió a 6.240.000 euros, de los que un 99% correspondieron a las multas a las empresas.