El delegado del Gobierno, Jenaro García Arreciado, puso en duda ayer la actuación de la Policía Local en las redadas de inmigrantes en terrenos portuarios, a raíz del asesinato de un magrebí el pasado jueves y recordó que «no se puede impedir» que los indocumentados estén en la calle ya sea en los alrededores del puerto o en cualquier otra parte de la ciudad autónoma. García – Arreciado subrayó que los inmigrantes, como cualquier persona, «tienen todo el derecho a estar allí y mi deber es garantizar un derecho que está reconocido por el Tribunal Constitucional».

Cuidado con detener

El delegado del Gobierno avisó que los policías no pueden detener a un inmigrante «porque incomode a determinadas señoras o a un señor, porque puede que la persona que efectúe esa detención sea la que está incurriendo en un delito o una falta».

El delegado subrayó que el objetivo del dispositivo policial activado tras la reyerta entre magrebíes era «evitar un ajuste de cuentas» y no realizar batidas contra inmigrantes. En palabras de García – Arreciado, el recinto portuario es «seguro» gracias a que se han incrementado la vigilancia y la presencia policial en la zona después del homicidio de la pasada semana.

35.000 rechazados

El delegado del Gobierno quiso resaltar los avances realizados en la identificación de marroquíes con antecedentes y a los que no se permite la entrada en territorio español. La Policía Nacional, gracias a la mejora de las bases de datos, apuntó García – Arreciado, ha podido impedir la entrada en Ceuta durante el último año de 30.575 marroquíes con antecedentes por actividades delictivas, una tarea complicada, subrayó el delegado del Gobierno, «porque hay personas hasta con 12 alias distintos».

Un trabajo muy complicado a juzgar por las cifras de paso de extranjeros por la frontera. Y es que el número de personas que durante el pasado año entraron o salieron de la ciudad autónoma por el paso fronterizo del Tarajal asciende a 19 millones, de los cuáles 18 millones procedían de Marruecos.

Un trabajo que no se limita exclusivamente a la frontera sino que se aplica también a los alrededores del puerto, especialmente en las escolleras donde, sólo en 2007, se efectuaron más de 1.200 detenciones, a las que hay que sumar otras 40 realizadas este mes de enero.