La política municipal de inmigración será una de las prioritarias de este mandato y así se destaca en el documento del Plan de Actuación Municipal que ayer aprobó inicialmente la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. Será uno de los ejes troncales como respuesta a la gran cantidad de ciudadanos, concretamente 2.507, que en sus aportaciones al PAM señalan la inmigración como fuente de conflictos en los barrios.

“Tenemos que cambiar el plan de acogida a la inmigración y el funcionamiento de los servicios porque hasta ahora hemos mantenido una actitud pasiva, a la espera de que llegaran a nuestras ventanillas”, reconocía ayer Carles Martí, primer teniente de alcalde del consistorio. Estabilizada la llegada masiva de inmigrantes desde 2000, ahora la entrada de extranjeros mayoritaria es por reagrupación familiar. Y en esa tramitación – que depende de la Delegación del Gobierno – el consistorio suele expedir dos certificados. Uno que garantiza que el familiar que insta el reagrupamiento tiene una vivienda digna, y el segundo, un certificado de arraigamiento. “Tenemos que preguntar para quién instan la reagrupación, si es un hijo o dos, y sus edades. Tener información previa para prever las necesidades que luego se tendrán que cubrir”, añadió. Martí dijo que sólo de esa forma – e incrementando los recursos de las entidades sociales que trabajan con la inmigración – se podrán evitar las situaciones de riesgo a las que aluden las aportaciones de los ciudadanos. Un barrio en situación delicada por la gran concentración de inmigración de una sola nacionalidad (ecuatoriana) es Ciutat Meridiana.

Respecto a la aprobación definitiva del PAM, Martí dijo que ahora iniciarán conversaciones con la oposición para llegar a un acuerdo. También dejó claro que si no se alcanza un acuerdo global – preferentemente con ERC, que, dijo, espera que vuelva al Gobierno – , se buscarán pactos parciales u ocasionales. “Pero no nos quedaremos quietos, el Ayuntamiento no se puede parar”, añadió.