La Policía Municipal de Vitoria ha desalojado a diez inmigrantes de origen magrebí que vivían en penosas condiciones en el número 6 de la calle Oreitasolo, en el polígono industrial del mismo nombre. Su ‘hogar’ era un pabellón precariamente acondicionado como vivienda donde, según la Guardia Urbana, no disponían de los «mínimos requisitos de ventilación y salubridad».

Una patrulla de ese cuerpo fue la que dio la voz de alarma el pasado 6 de enero. Aquel día detectaron en la calle Oreitiasolo «la presencia de varias personas de origen magrebí que entraban y salían de un pabellón industrial», según explica un comunicado municipal hecho público ayer.

Cuando los agentes preguntaron a los inmigrantes por el motivo del trasiego, éstos señalaron que vivían en el local junto con otros compañeros del mismo origen. Según sus declaraciones, habían alquilado el pabellón a un particular del que sólo conocían su nombre de pila y su número de teléfono móvil.

Ante esta situación, la patrulla informó a la Unidad de Protección de la Policía Local para que inspeccionase el local. En la visita pudieron constatar que el ‘pabellón patera’ estaba habilitado como vivienda y que su superficie se encontraba dividida en diferentes estancias separadas por tabiques provisionales realizados con «todo tipo de materiales: chapas, cartones, maderas, plásticos…». Además, estaba amueblado con camas y otros enseres y sus moradores disponían de suministro de agua, electricidad y también de saneamiento básico (ducha e inodoro).

Según explican fuentes municipales, «los agentes percibieron un gran riesgo de incendio» debido a la «gran cantidad de materiales susceptibles de arder». El peligro era potenciado por el hecho de que había varias tomas de corriente sobrecargadas de enchufes, por lo que los agentes pidieron que acudiese al lugar un técnico del Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento (Speis) para que inspeccionara el lugar.

Los resultados de esa revisión fueron contundentes: el local carecía de extintores, de bocas de incendio equipadas, de luces de emergencia y de varios otros elementos de seguridad exigidos por la normativa que regula la prevención de incendios. Además, no disponía de los «requisitos mínimos de ventilación y salubridad exigidos por otras normativas».

Evitar el desamparo

Una vez constatado el precario estado del pabellón y las difíciles condiciones de vida de los diez inmigrantes, los agentes pusieron el caso en conocimiento de los departamentos municipales de Bienestar Social y Medio Ambiente «para coordinar con ellos acciones que permitan dar tratamiento adecuado al problema y evitar situaciones de desamparo y de riesgo a las personas afectadas».

La Policía también contactó con el propietario del inmueble, quien se limitó a facilitar una copia de dos contratos privados de alquiler.