El recinto tiene tabiques provisionales realizados con cartones, chapas y maderas

vitoria. Viven con agua, electricidad y el saneamiento básico, pero en un pabellón industrial. La Policía Local detectó el pasado día de Reyes a diez personas, de origen magrebí y en situación regular en el país, habitando en un local en el número 6 de la calle Oreitiasolo, en Vitoria. El dueño del recinto facilitó a las fuerzas de seguridad dos contratos de alquiler. Sin embargo, la investigación de este caso sigue adelante, ya que los agentes detectaron peligro de incendio en este espacio; el Consistorio ya ha notificado al propietario que esta situación no puede continuar.

El caso surgió cuando una patrulla vio a varios magrebíes entrando y saliendo de un pabellón. Los inmigrantes explicaron a los agentes que vivían en ese local con otras personas, a cambio del pago de cierta cantidad – el Ayuntamiento no precisó la cuantía – al propietario, del que sólo conocían el nombre de pila y un teléfono.

La Policía identificó a diez personas en el pabellón. El espacio, amueblado con camas y otros enseres, estaba habilitado como una vivienda gracias a unos tabiques provisionales, realizados con chapas, cartones, maderas o plásticos. Por un lado, la Policía percibió “un gran riesgo de incendio” por la cantidad de materiales susceptibles de arder y porque había varias tomas de corriente sobrecargadas de enchufes. Por otro, un técnico del Servicio de Extinción de Incendios confirmó la falta de extintores, luces de emergencia u otro tipo de elementos de seguridad, además del incumplimiento de los requisitos mínimos de ventilación y salubridad.

Los agentes, acto seguido, lograron contactar con el arrendador, que presentó dos contratos privados de alquiler. El dueño alegó en todo momento que desconocía que el local fuera habilitado como vivienda.

el proceso abierto La maquinaria del Consistorio para este tipo de casos, que implica a diversos departamentos como Bienestar Social y Medio Ambiente, ya ha arrancado con el objetivo de “evitar situaciones de desamparo y de riesgo a los afectados”. El primer paso ha sido comunicar al propietario que el pabellón no puede seguir siendo utilizado como vivienda. Ante la posibilidad de que este proceso acabe con el desalojo de los ocupantes, fuentes municipales insistieron en que se pondrá a disposición de los arrendatarios los servicios sociales del Consistorio.

La situación, en realidad, no es nueva. En noviembre de 2004 ya se vivió un caso similar, cuando un grupo de 43 inmigrantes de origen portugués solicitó que se habilitase como vivienda un pabellón en Betoño. El caso generó un debate en la Casa Consistorial en torno a la necesidad de controlar estas situaciones de alojamiento irregular que a menudo afectan a extranjeros. Entonces, tras tres semanas de dimes y diretes, el proceso acabó con el desalojo.