Un grupo de empresarios latinos del área metropolitana de Washington viajarán a cabildear en la legislatura de Virginia.

La legislatura estatal de Virginia, Estados Unidos, inició a mediados de la semana pasada su período anual de sesiones con casi un centenar de iniciativas de ley dirigidas en contra de los inmigrantes indocumentados.

Eso ha movilizado a empresarios del área metropolitana de Washington, miembros de la Coalición Empresarial de Ayuda (ABC, en inglés), quienes viajarán mañana hacia Richmond, capital de Virginia, para reunirse con delegados, senadores y asesores del gobernador demócrata Timothy Kaine.

Mauricio Vivero, director de Ayuda entidad que presta servicios a inmigrantes en Washington y miembro de la coalición empresarial manifestó que las iniciativas pueden agruparse en varias categorías.

Varias de ellas buscan que el inglés sea el idioma oficial en las instituciones públicas, otras quieren negarle servicios públicos a indocumentados. Asimismo, hay iniciativas para que los policías estatales y locales cumplan tareas de inmigración y castiguen a empresarios que empleen personas sin documentos.

La situación es preocupante, incluso algunos legisladores buscan negarle cupo en las universidades a indocumentados, aún si tienen el dinero para pagar su educación, comentó Vivero.

El activista manifestó que varias de las propuestas de ley tienen visos de inconstitucionalidad, por lo que aunque sean aprobadas pueden ser peleadas en las cortes. Al respecto, Elmer Arias, uno de los fundadores de la ABC, dijo que la comunidad no puede bajar los brazos, ya que está siendo culpada de muchos de los problemas que afronta el estado.

Todas estas medidas tienen un efecto negativo en la economía local, porque los indocumentados no van a salir a comer a restaurantes o a divertirse por temor a ser detenidos, comentó Arias.

El año pasado, el condado de Prince William donde se ubican ciudades como Manassas con una importante población salvadoreña aprobó varias regulaciones contra la inmigración indocumentada. Entre ellas, tareas de inmigración para la Policía, así como negar numerosos servicios del condado a los indocumentados, incluidas licencias comerciales, atención de farmacodependencia, asistencia para vivienda y algunos servicios para los ancianos.