Un informe del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que ayer se entregó al president del Parlament revela la confusión y disparidad de criterios que existe en los ayuntamientos sobre el empadronamiento de inmigrantes . Las principales ciudades catalanas interpretan de modo distinto las normativas, pero en general dan bastantes facilidades para el empadronamiento y controlan de forma muy escasa el lugar de residencia. El informe se basa en un estudio de la Fundació Carles Pi i Sunyer d´Estudis Autonòmics i Locals. La primera contradicción se detecta en los documentos que se piden para la inscripción. Un 84,3% de los ayuntamientos dice que no empadronan si falta el documento de identificación y en cambio un 7,1% sí lo hace con un documento alternativo. El otro gran problema es la veracidad de los datos del domicilio. Hay hasta siete tipos de documentos requeridos, pero no existe uniformidad a la hora de aceptarlos o denegarlos. La mayoría de los ayuntamientos permite solicitar el certificado de empadronamiento a terceras personas. Otra de las conclusiones es que los consistorios no saben cuántas veces los cuerpos policiales han accedido a los datos del padrón. /