Soy un ciudadano español que desde hace ocho años vive en Calella de Mar. Estoy sorprendido al ver la cantidad de trabajadores sin papeles que son contratados en los negocios de hostelería de la zona. Les pagan mil euros por todo concepto y se ahorran los tributos y contribuciones legales, más las pagas extras y las vacaciones. Tanto es así que tener la documentación en regla pasa a ser una pesadilla, es excluyente ante el pingüe negocio que significa el trabajo en negro. No hay ningún control policial, ni otros de ninguna índole.

Un restaurante de la calle Jovara (actualmente cerrado por vacaciones) emplea a más de media docena de sin papeles y de cara al público. Puedo citar decenas de establecimientos que se saltan las normas, incluso hoteles y bares. Muchos pensarán por qué no lo denuncio, y respondo porque el amiguismo está por encima de todo: tanto descaro e impunidad lo demuestran.

Tampoco tengo el tiempo para realizar una tarea que no me pertenece. Quiero vivir en una sociedad justa y equitativa y exijo orden. Leo que Francia, Italia y España repatriarán a los inmigrantes sin papeles. ¿Por qué no comenzar por hacer cumplir las leyes vigentes?