CRUZ MORCILLO

MADRID. El efecto disuasorio de las barreras marítimas financiadas por España parece haber funcionado a la vista de los datos. El año pasado llegaron a nuestras costas 18.057 inmigrantes irregulares en cayucos y pateras. Nada que ver con los 39.180 de 2006, cuando todas las previsiones del Gobierno saltaron por los aires ante la llegada un día sí y otro también de embarcaciones cargadas de africanos. El descenso es de casi el 54 por ciento, conseguido a base de ofensiva diplomática y a golpe de convenios y talones en forma de ayudas internacionales de todo tipo.

Las «barreras del mar» – barcos y aviones financiados por España y la UE – se han revelado como el mejor freno para evitar la salida masiva de cayucos de Mauritania y Senegal. Las rutas, no obstante, se han abierto y se han alejado con el consiguiente riesgo para los viajeros de las piraguas, pero si lo que se esperaba eran menos llegadas, éstas se han producido.

La estampa de Canarias ha cambiado de color y se ha pasado de 31.678 inmigrantes que acabaron en esas costas en 2006 a 12.478 este año. Unas cifras que se hacen visibles en los centros de internamiento, los de acogida y los campamentos que hicieron durante la crisis de los cayucos las funciones de unos y otros.

Espada de Damocles

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue el encargado de explicar el balance, no sólo del año, sino de la legislatura, en la que la inmigración se ha levantado, por momentos, como una auténtica espada de damocles sobre los logros del Ejecutivo y ha enfrentado agriamente a PSOE y PP. En estos cuatro años socialistas se ha repatriado a 370.027 inmigrantes, frente a los 258.049 del último Gobierno Aznar, al que no hubo referencias. Cuando el año pasado comenzó la «temporada de cayucos», el temor del Gobierno a que se repitieran las oleadas y las dramáticas imágenes de 2006 era tal que ya se habían preparado dos barcos oceánicos, se habían duplicado los medios españoles tanto en Canarias como en África, se habían hecho varias giras de ministros a países subsaharianos y se habían intentado centrar todos los consejos de ministros de Interior de la UE en inmigración.

El esfuerzo ha valido la pena, vino a decir ayer Rubalcaba, al destacar que 92 de cada 100 «sin papeles» que llegan son repatriados en las cuatro modalidades que recoge la Ley de Extranjería – cuya enésima reforma podría abordarse en la próxima legislatura, según el titular de Interior – . Las estadísticas recogen que han aumentado los retornos (inmigrantes que llegan a los puertos y aeropuertos), las readmisiones (expulsados en virtud de acuerdos con terceros países, Francia y Portugal básicamente) y las expulsiones – extranjeros irregulares sometidos a expedientes administrativos – . Se han producido en cambio menos devoluciones, básicamente en vuelos de repatriación, que el ministro achacó a la reducción de llegadas por mar. El Gobierno fletó 75 vuelos chárter, fundamentalmente a países africanos, para llevar a cabo estas expulsiones, con un coste elevadísimo que el ministro no concretó.

La receta del freno de irregulares ha pasado, según el Ejecutivo, por el aumento de policías, guardias civiles y diplomáticos dedicados a combatir la inmigración ilegal, por un lado, y, por otro, por la implicación de Europa y de los países de origen. Rubalcaba resaltó los acuerdos de colaboración a los que se ha llegado con diez Estados africanos.