El balance presentado ayer por el Ministerio de Interior sobre la inmigración ilegal en 2007 confirma que se ha logrado contener la llegada de pateras y cayucos a las costas españolas, que habían sufrido el año anterior una dramática avalancha de embarcaciones con un número incalculable de vidas perdidas en alta mar. La intensificación de los controles fronterizos, la colaboración de las autoridades de los países de origen – esencial para detectar las nuevas rutas explotadas por las mafias – y el refuerzo de las políticas de cooperación han permitido reducir en un 54% las entradas irregulares, al tiempo que se ha incrementado en un 6% la cifra de repatriaciones. La devolución a sus lugares de partida de 92 de cada 100 inmigrantes que tratan de acceder al litoral español constituye, sin duda, un potente instrumento para disuadir a quienes se arriesgan a travesías sin garantías de supervivencia. Pero los responsables de Interior deberían evitar esgrimir esa estadística de manera reactiva y triunfalista para poner en valor su respuesta frente a la de anteriores gobiernos, eludiendo voluntaria o interesadamente el drama personal que esconde siempre la inmigración irregular.

A lo largo de la legislatura han sido repatriados 370.000 extranjeros, un volumen equiparable al de la población de algunas provincias españolas que define la envergadura del problema al que se enfrenta nuestro país como puerta de entrada a Europa. Del balance oficial se desprende que los marroquíes y argelinos detectados en situación ilegal son readmitidos por sus países de origen. Pero la opacidad sobre el destino final que aguarda a otros ciudadanos africanos y, especialmente, a los asiáticos que no encuentran estado que les acoja obliga a moderar la evaluación sobre los resultados reales de las devoluciones masivas, de las cuales tampoco se conoce con exactitud las que desembocan en nuevos intentos de llegar a la UE a la desesperada. Los síntomas sobre la aparición de la llamada cuarta fase de la inmigración, por la cual se embarcan en las pateras a un número creciente de menores cuya repatriación resulta mucho más complicada, exige de las distintas administraciones un esfuerzo concertado que garantice la protección de los derechos de los niños y adolescentes sin acompañamiento familiar. Y, en su caso, una adecuada integración que evite un nuevo confinamiento en bolsas de exclusión social.