El Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía de La Rioja recibió el pasado mes de octubre una nota interior en la que informaba que «habían aumentado en las últimas semanas de forma considerable» las peticiones de Tarjetas de Familiar Residente Comunitario, por parte de inmigrantes preferentemente de nacionalidad nigeriana que habrían contraído matrimonio con ciudadanas europeas, principalmente españolas.

El informe aconsejaba profundizar en la investigación iniciada por si pudiera tratarse de matrimonios fraudulentos de conveniencia también llamados de complacencia, que son celebrados exclusivamente con el único fin de conseguir un permiso de residencia en España. Alguna de las personas implicadas en estas bodas fraudulentas residen en otras comunidades autónomas.

La instrucción policial agregaba que, si se confirmaban las sospechas, debía trasladarse la información acumulada a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja para su estudio, hecho que se materializó en los últimos días del pasado mes de noviembre.

El informe, muy detallado, incidía en que «por manifestación de alguno de los extranjeros», el ‘papeleo’ era tramitado en un céntrico bufete logroñés especializado en asuntos de inmigración y extranjería, ubicado en la calle Pérez Galdós. La visita al referido despacho profesional figura en varias declaraciones, en las que en ocasiones se detalla incluso el coste del asesoramiento.

Promesa de dinero

Las declaraciones de los funcionarios se realizaron de forma individualizada y sirvió en muchos casos para intuir que, presuntamente, se estaba ante matrimonios convenidos, a veces mediante la promesa de dinero en un caso se habla de 6.000 euros, en otros una cantidad muy inferior, entre parejas que no mantenían una vida en común.

Incluso en algún caso no habían llegado a conocerse, existían contundentes contradicciones en las declaraciones voluntarias realizadas o hablaban lenguas incomprensibles entre sí para la pareja que se habría cada casado en una ceremonia civil.

Hay que recordar que el contrayente extranjero, al cabo de un año de haber conseguido la ansiada Tarjeta Familiar de Ciudadano de la Unión Europea, puede solicitar la nacionalidad española al cabo de un año.

El informe desvela datos importantes y contundentes para el desarrollo completo de la investigación policial. Por ejemplo, se detalla el caso de un juez que se negó a ejecutar el matrimonio civil y el asesor letrado de la pareja se la llevó a inscribirse en el Ayuntamiento de Logroño como pareja de hecho.

O cómo se realizó un empadronamiento con una dirección ficticia, de modo que cuando los funcionarios acudieron para que el aludido fuera preguntado ‘in situ’, en el municipio de Briones, se encontraron con que su supuesta vivienda era un edificio en construcción. O declaraciones en las que consta que una persona sigue soltera, a pesar de que haya constatación del matrimonio fraudulento.

La falta de colaboración ha sido frecuente en las declaraciones de los presuntos afectados.

LOS DATOS
Informe inicial: el Grupo Operativo de Extranjeros informa a finales del mes de octubre que se detecta un incremento considerable de solicitudes de ‘Tarjetas de Familiar Residente Comunitario’ por parte de ciudadanos de Nigeria.

Sospecha: éstos nigerianos habrían realizado matrimonios de conveniencia o complacencia preferentemente con españolas, con el único fin de conseguir un permiso de residencia en España.

Clave: el contrayente extranjero, al cabo de un año, puede solicitar la nacionalidad española.

Investigación: las declaraciones realizadas en la instrucción a parejas revelan contradicciones, desconocimiento de datos básicos de su pareja o direcciones falsas en el padrón.

Asesoramiento: en el informe policial se apunta que varias parejas habrían sido asesoradas en un despacho de abogados especializado en Inmigración y Extranjería.