Tras descartar nuevas regularizaciones masivas, José Luis Rodríguez Zapatero busca ahora apoyo europeo para devolver a los sin papeles a sus países de origen. El presidente francés, Nicolás Sarkozy, desveló ayer que España e Italia le han propuesto organizar conjuntamente expulsiones colectivas de inmigrantes.

Según expuso el presidente de Francia en rueda de prensa, Rodríguez Zapatero y Romano Prodi le han propuesto un pacto a tres bandas para coordinar la organización de importantes operaciones de expulsión de los inmigrantes que están en situación irregular en el territorio de los tres países.

Sarkozy no adelantó ningún detalle de cómo se llevarían a cabo esas expulsiones colectivas en caso de fraguar un acuerdo tripartito, ni cuál sería su alcance, aunque insistió en que se trata de una petición directa de los jefes de Gobierno español e italiano.

Para el presidente francés las expulsiones de irregulares no tienen nada de «inhumano» ni criminalizan la inmigración, porque responden únicamente a la obligada aplicación de las reglas del Estado de derecho.
«Para entrar a un Estado de derecho hay que tener papeles. No se es un criminal por no tenerlos, pero en ese caso se le devuelve a su país. Las reglas deben aplicarse», señaló. En su opinión, a fuerza de no aplicarse las órdenes de expulsión los Estados pueden llegar a convertirse en «cómplices» de las redes criminales que trafican con personas.

Sarkozy se felicitó del avance de sus ideas en Europa y recordó que el presidente español declaró hace un mes que no habrá más regularizaciones masivas de inmigrantes, compromiso al que Romano Prodi se sumó hace dos semanas.

El Gobierno español no ha desmentido al jefe de Estado francés, aunque ha puntualizado que los trabajos que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero lleva a cabo con la Unión Europea están encaminados a la organización de vuelos conjuntos de repatriación de inmigrantes más que de expulsiones masivas.

España, Francia e Italia ya llevaron a cabo un primer vuelo conjunto de repatriación de inmigrantes rumanos en septiembre de 2005, en aplicación del acuerdo alcanzado tres meses antes por los países del G-5, al que también pertenecen Reino Unido y Alemania. Los ministros de Interior de los cinco Estados pactaron entonces en Evian (Francia) impulsar vuelos conjuntos de repatriación de irregulares para aunar esfuerzos y mejorar la eficacia de los mecanismos existentes.

Estas medidas han sido duramente criticadas por organizaciones de inmigrantes y rechazadas por instituciones como el Consejo de Europa, que recomienda poner fin a las expulsiones colectivas y que las órdenes de expulsión sean aprobadas tras el estudio de la situación individual de cada inmigrante. A lo largo del año 2007 Francia expulsó a más de 23.000 inmigrantes irregulares, aunque el objetivo de Sarkozy era echar de territorio francés a 25.000.