La noticia saltó a los medios el 28 de diciembre pero hasta ayer la pareja gambiana de Premià de Dalt a la que una jueza ha retirado la custodia de sus hijas para evitar una posible ablación no pudo ver a las niñas. Se trata de un hecho inexplicable para Mama Samathé, presidenta de la Asociación de Mujeres Antimutilación (AMAM), que desde 1998 trabaja por sensibilizar a las mujeres africanas residentes en España en contra de la ablación.

Samathé se muestra radicalmente en contra de la decisión del juez: “Anna Fofana (madre de las niñas)es miembro desde hace diez años de AMAM y la hermana de Mohamed (el padre)colabora con Gamcotrap, que es la primera asociación que trabaja en esto desde 1984”. Samathé va más allá y considera “equivocada y racista” la decisión de la jueza.

Los padres, abatidos

“La funcionaria me dijo que yo estaba mintiendo”, aseguró Anna Saydibach a Público sobre la reunión que sostuvo con una funcionaria del Ayuntamiento de Premiá de Mar. En dicho encuentro, la mujer africana negó las sospechas que tenían los servicios sociales sobre ella y Mohamed Fofana, de practicar la mutilación de genitales a las hijas de ambos en Gambia. Esto no bastó para evitar que las menores, de 6 y 13 años, fueran separadas de sus padres el 21 de diciembre. Un comentario en la escuela de la pequeña de las hermanas en el sentido de que planeaban un viaje a Gambia disparó las alarmas y originó la investigación.

Los servicios sociales convocaron por segunda vez a la familia mediante una carta que llegó al domicilio, según ellos, el mismo día en que debía realizarse la cita “de carácter urgente”. Esto fue el día 19 de diciembre y el documento fue enviado el 17. “Se actuó con una prisa insólita”, explica Josep Ventura, representante legal de los Fofana. En el auto de la jueza Dolores Gómez del Pino justifica la retirada de la custodia por “la persistencia de la madre en estar a favor de dicha práctica, según el informe del Ayuntamiento”.

Problema de comunicación

Los Fofana viven en Catalunya desde mucho antes que se aprobara en 1995 la persecución de delitos de mutilación genital en España o el extranjero. La madre, que trabaja cuidando ancianos en una residencia, concluye terminante: “mi hija menor es española, nació aquí, y no tiene papeles para viajar. No hemos comprado billetes de avión ni tenemos vacaciones en el trabajo”.

Samathé denuncia que “la falta de sensibilidad cultural y los prejuicios han convertido un problema de comunicación en un indicio de delito”.