WASHINGTON.— El estado de Arizona inicia este 2008 con el endurecimiento de sus leyes antiinmigrantes para obligar a miles de empresas a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores.La ley HB2779 puede conducir al cierre de las compañías que no comprueben que sus nuevos trabajadores tienen permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos.“La puesta en marcha de esta ley supondrá un retroceso para la economía de Arizona y obligará a muchas empresas a buscar mano de obra en otros estados”, advirtió la economista Dawn McLaren, de la Universidad de Arizona al poner en perspectiva los efectos de una ley antiinmigrante que ha sido denunciada por la poderosa Asociación de Cámaras de Comercio de Estados Unidos, con sede en Washington.En la denuncia interpuesta por la Cámara —que aglutina a poco más de 3 millones de empleadores en todo el país—, participan las cámaras de Comercio de Arizona y la Hispana en Phoenix, con la esperanza de que se revierta la aplicación de una ley que se teme desatará una cacería migratoria contra todos los trabajadores indocumentados.“Vienen tiempos muy difíciles para los inmigrantes en Arizona”, aseguró Salvador Reza, representante de un centro de jornaleros en Phoenix, quien ayer se encaró con un grupo de antiinmigrantes que se apersonaron a las puertas de un centro de jornaleros en la localidad de Macehualli, para invitarlos a abandonar la ciudad en las últimas horas del 2007.En Arizona se cree que hay más de medio millón de trabajadores indocumentados.“La ley que entra en vigor este 1 de enero no nos afectará a nosotros porque sólo se refiere a los trabajadores que figuren en una nómina de empresa”, aseguró Reza.“Con tantas leyes en contra de los inmigrantes en Arizona solamente van a lograr hundir ellos mismos al estado, porque si los inmigrantes se van, ¿quién va a servirles un plato de comida? o ¿quién va a limpiar sus patios?”, aseguró.La ley HB2779 establece la suspensión de las licencias, por un máximo de 10 días, de las empresas que violen la norma una vez.La sanción será de 10 días o más de suspensión (la legislación no establece un máximo) si se establece que la empresa lo hizo con la intención de tener a alguien ilegal en su nómina.Si reinciden en el transcurso de tres años —o cinco, en los casos intencionales— pueden ver sus licencias revocadas indefinidamente.La medida no castiga directamente a los trabajadores indocumentados, pero obliga a las autoridades de Arizona a informar sobre ellos a los funcionarios de inmigración federales, lo que podría resultar en su deportación.Tampoco sanciona a los consumidores que paguen por actividades de servicio, como trabajos de limpieza o jardinería.La ley fue refrendada en julio por la gobernadora, Janet Napolitano, menos de una semana después de que fracasaran en el Senado, en Washington, los intentos por aprobar una ley migratoria que le hubiera abierto el camino a la legalidad a unos 12 millones de indocumentados en todo el país.En otros asuntos, durante el año 2007 se registró un incremento en las muertes de inmigrantes indocumentados en la frontera de Arizona con Sonora, según estadísticas de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson.En el ejercicio fiscal 2006 – 2007, que finalizó el pasado 30 de septiembre, se registraron un total de 204 fallecimientos, un 21% más que el año pasado, cuando se reportaron 165 muertes, informó la agencia EFE.El Sector Tucson abarca el 90% de la frontera de Arizona y en él se produce el 41% del total de las 437 muertes de inmigrantes indocumentados que se contabilizaron en la frontera entre EU y México.