jorge.medellin@eluniversal.com.mxPara los chilangos que viven de manera ilegal en Los Ángeles, California, la Navidad de 2007 no fue blanca ni cálida al lado de sus familiares defeños y la noche del Año Nuevo no fue la excepción.Las medidas de seguridad de la Patrulla Fronteriza y el miedo a ser detenidos y deportados elevaron como pocas veces las tarifas de los polleros para pasarlos a territorio mexicano con el correspondiente compromiso de su regreso a Estados Unidos, ya sea con documentos falsos o escondidos en coches y camiones.A ello se suma la presión de la policía de la ciudad de Los Ángeles en diversos centros de trabajo para ubicar a migrantes ilegales mediante exhaustivas revisiones de sus papeles, licencias, permisos y toda clase de documentos oficiales.Jorge Fernández, Presidente de la Federación México Unido (FMU), —en apoyo en a la comunidad del Distrito Federal en Estados Unidos—, comenta que al igual que con los “médicos de cabecera”, las familias de migrantes tienen a sus polleros de cabecera a los se recomiendan entre ellos para cruzar a un lado o al otro de la frontera a los paisanos.Los precios —asegura— son este año muy elevados, rebasan los 5 mil dólares si se quiere ingresar a territorio norteamericano, aunque lo más grave es que ahora cobran por regresarlos a su tierra.“Hasta mil 500 dólares le piden a la gente si quieren que el pollero los regrese a México sin que las autoridades fronterizas les pidan explicaciones sobre cómo entraron a Estados Unidos.El representante del organismo creado hace tres años en Los Ángeles para apoyar a la comunidad chilanga en esa ciudad, Jorge Fernández, dice que en estos días quienes se atrevan a cruzar la frontera sin papeles hacia nuestro país y luego de regreso deben pagar cifras que oscilan entre 3 mil y los 5 mil 500 dólares.“Hace un año la tarifa era de unos mil 500 dólares y en las últimas semanas recibimos reportes de migrantes legales e ilegales, en los que señalan que ahora los polleros piden hasta 5 mil dólares o más por dejar a la gente en territorio estadounidense”, indica.La situación ha impactado severamente el movimiento migratorio de quienes durante décadas regresaban por unos días a territorio mexicano para las fiestas de fin de año con sus familias.Guadalupe Chipole, directora del Programa Bienvenido, diseñado por el gobierno del Distrito Federal (GDF) para la atención a migrantes, señala que en Los Ángeles viven alrededor de 250 mil personas originarias del Distrito Federal, mientras que el Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que poco más de 600 mil defeños viven en todo el territorio estadunidense.Chipole añade que para las fiestas decembrinas se esperaba el paso de 174 mil viajeros de origen mexicano porcedentes de diversos puntos de Estados Unidos.De esa cantidad, indica, unos 20 mil arribaron a la capital del país, la mayoría de ellos (cerca del 60%) con situación migratoria legal en norteamérica.“La migra, por todos lados”Sergio Fuentes llegó a Los Ángeles hace 10 años con su esposa y sus cuatro hijos. Es trailero nacido en el Distrito Federal.Desde su arribo a la ciudad angelina realizó diversos trabajos hasta que pudo conseguir una licencia de manejo y volver a lo suyo, a manejar tráileres por todo el estado.Tres de sus hijos están por terminar el nivel de bachillerato y ahora enfrentan el dilema de cómo seguir estudiando en una universidad sin estar viviendo legalmente en el país, o… abandonarlo todo y buscar un empleo.El tiempo se agota para ellos y la presión crece por todas partes. Desde hace dos meses Sergio y cerca de medio centenar de traileros que viven y trabajan ilegalmente en Los Ángeles, se enteraron de nuevas medidas restrictivas a aplicarse en el puerto de Long Beach, California, en donde suelen cargar mercancía.La amenaza se cumplió y desde hace unos días cada tractocamión que entra al recinto portuario no sólo es revisado a detalle por policías, sino que ahora se han sumado agentes de migración a los chequeos.Además, a cada chofer se le comenzó a cobrar una cuota de 30 dólares por recoger cargamentos, se le revisa la licencia de manejo, se le interroga y se le presiona para saber si es residente legal o si conoce a migrantes ilegales que trabajen como choferes en la ciudad de Long Beach.Allí está el miedo, dicen en entrevistas separadas Sergio Fuentes y Jorge Fernández.Sergio y los traileros que operaban en Long Beach ya buscan de nuevo un empleo como albañiles en California o quizá en otro estado para evitar la mala fortuna de una revisión aduanera que termine en su deportación y el rompimiento de la familia.