h ACE cinco años resultaba incluso extraño en Gipuzkoa, pero ya no. Cada vez más inmigrantes en una situación acomodada, con permiso de residencia permanente, dan rienda suelta al viejo anhelo de traer a sus padres desde el país de origen para convivir con ellos, una vez materializado el deseo de hacerlo con sus hijos.

Es lo que se conoce como reagrupación de ascendientes, una medida habitualmente jalonada de nuevos contratiempos. Las cuentas entre los ingresos y gastos de los solicitantes para obtener el ansiado permiso hay que cuadrarlas ante la Subdelegación de Gobierno, entidad encargada de resolver cada situación, concediendo en caso favorable la autorización de residencia para el familiar que se quiere traer a Gipuzkoa.

Por lo general, el trámite no representa ni mucho menos un escollo insalvable. El problema surge en una segunda fase, con la petición del visado pertinente en el país de origen. “No es tanto que la Subdelegación de Gobierno cierre las puertas, ni mucho menos, la dificultad proviene más bien de los consulados, sobre todo en el caso de la reagrupación de ascendientes”, precisan desde SOS Racismo en Gipuzkoa.

Y es que a pesar de que se cuente con una resolución favorable de la Subdelegación, es práctica habitual, según denuncia esta ONG, que los consulados denieguen los visados porque “supuestamente” no se justifican las razones por las que esa persona quiere venir al Estado. Ha quedado demostrada la dependencia económica de ese familiar, con la aportación de las cantidades enviadas durante más de un año, pero la negativa, con frecuencia, es “irrevocable”.

“Nos estamos encontrando con situaciones absolutamente descabelladas por parte de los consulados, como es el caso de las denegaciones de visado de reagrupación familiar de padres cuando todos sus hijos están viviendo aquí. Son decisiones que llegan a entrar en el terreno del absurdo y de la imposición”, denuncia Agustín Unzurrunzaga, portavoz de esta organización.

Otro de los problemas que están encontrando estas asociaciones respecto al funcionamiento de los consulados es que los recursos que se plantean contra las denegaciones, jamás son respondidos.

Este silencio administrativo tiene siempre un carácter negativo y obliga a pleitear ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con procedimientos que duran del orden de tres años. “No es casualidad que todos los consulados hagan silencio administrativo de manera sistemática”, sostiene Unzurrunzaga.