La creación de la Unidad contra las Redes de Inmigración y la Falsedad documental (Ucrif) en la Comisaría de la Policía Nacional en el Sur busca responder con eficacia a las nuevas realidades de la sociedad, donde, con frecuencia, los inmigrantes son víctimas de diferentes abusos. El primer paso está dado.

El Cuerpo Nacional de Policía aprobó a comienzos del presente año la creación de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) en la Comisaría del Sur. Según fuentes de este grupo, a través de dicho departamento se trata de incrementar las especialidades atendidas en la comarca y responder mejor a nuevas tendencias delictivas estrechamente relacionadas, en muchos casos, con el fenómeno de la inmigración. El equipo está encargado de atender los asuntos relacionados con la prostitución y explotación sexual de mujeres, los matrimonios de conveniencia, delitos contra los derechos de los trabajadores, la falsedad en los documentos y las situaciones de vulnerabilidad a los que se pueden ver sometidos los extranjeros en situación irregular.

En estos momentos, bajo el mando de un inspector, la unidad está integrada por un oficial y cuatro agentes, que disponen del apoyo de un Policía en prácticas. Cada uno de ellos posee conocimientos específicos en criminología, perfiles psicológicos, Derecho Penal, Estatuto de los trabajadores, Derecho Administrativo o, evidentemente, la Ley de Extranjería.

Una de sus últimas intervenciones culminó en la ciudad de Guadalajara, donde se desmanteló una organización de chinos que presuntamente se dedicaba a la explotación de compatriotas. Y todo comenzó en el Sur de Tenerife, tras la denuncia presentada por un asiático, quien informó de que había sufrido amenazas de muerte.

El portavoz de la Ucrif destaca que una de sus actuaciones más relevantes se desarrolló en el polígono industrial de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona, donde se arrestó al gerente de un club de alterne en el que trabajaban 15 mujeres.

Los funcionarios de la Ucrif también se han enfrentado a situaciones desagradables, como ocurrió con la liberación de una joven española con trastornos mentales que presuntamente era obligada a ejercer la prostitución por una colombiana y un ciudadano francés en un piso del núcleo de Los Cristianos, en Arona.

En los últimos meses, esta unidad también ha conocido casos en los que profesionales sin escrúpulos se aprovechan de la supuesta “ignorancia” de algunos inmigrantes para intentar cobrarles tasas abusivas por determinados trámites o servicios.

En el ámbito de los documentos oficiales, desde la Ucrif recuerdan el asunto de dos ciudadanos sudamericanos, un brasileño y un argentino, que presuntamente utilizaron tarjetas de identidad portuguesas, con el fin último de pasar por ciudadanos comunitarios. En ese sentido, los agentes comentan que las mencionadas tarjetas lusas son las más fáciles de falsificar.

Además, la Unidad contra las redes de inmigración y falsedad documental también propició el protocolo de comunicación entre juzgados de Paz, policías locales de Guía de Isora y Santiago del Teide, así como el Cuerpo Nacional de Policía, con el fin de detectar los casos de matrimonios de conveniencia.

Los criterios que deben regir en dicho proceso de investigación fueron planteados en unas jornadas sobre la materia desarrolladas en la comarca Suroeste de la Isla y los resultados, hasta ahora, son esperanzadores.

Hasta tal punto es así, que cabe la posibilidad de que el modelo de trabajo aplicado en el Sur de Tenerife se aplique en otros puntos de España.

El oficial portavoz de la Unidad contra las redes de inmigración y falsedad documental señaló a este periódico que dicho procedimiento ha tenido un “éxito tremendo” y espera que lo siga teniendo en el futuro. La última actuación en esta materia permitió impedir el matrimonio entre un ciudadano de origen marroquí y una discapacitada psíquica, cuya madre ejerció presuntamente de intermediaria.